Sobre la Sentencia Constitucional 770/2012

Publicado en 25/10/2012

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El análisis jurídico o “test de constitucionalidad” que ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la aplicación retroactiva de los tipos penales creados o modificados por la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz es, sin duda alguna, absolutamente correcto, valiente y de enorme valor legal, incluso diría un hito en la historia del derecho boliviano. Y sin embargo, luego del correcto análisis e interpretación de las más fundamentales reglas del respeto a la dignidad humana, la resolución del tribunal declara la “constitucionalidad condicionada” de la disposición final primera de la Ley 004, que es precisamente la que declara la retroactividad, con unas peripecias legales incomprensibles, que carecen de cualquier fundamentación o respaldo, agarrándose solamente de una frase tan soez como, y cito textual,

“Cuando el delito de corrupción o vinculado a ella es permanente -aspecto determinado por la afectación al bien jurídico que depende en el tiempo de la voluntad del imputado- es aplicable la norma penal vigente a la comisión del hecho. Ello impele por tanto a que todo juez o tribunal diferencie en cada caso los delitos permanentes de los delitos con efecto permanente. Excepción que la estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos entre otras en el caso Trujillo Oroza, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ahora Tribunal Supremo de Justicia- en el Auto Supremo 247 de 16 de agosto de 2010 y en el derecho comparado el Tribunal Constitucional peruano en el Expediente 2798-04-HC/TC.”

El trabalenguas copiado arriba sin embargo no afecta, como no afecta incluso la resolución 1ª del fallo en cuestión (“Declarar la CONSTITUCIONALIDAD de la Disposición Final Primera, siempre y cuando se interprete conforme a los criterios expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional”), el hecho de que, al ser las sentencias constitucionales vinculantes y de cumplimiento obligatorio en todo su contenido, no solamente en la parte resolutiva, ha sido efectivamente expulsada del sistema jurídico boliviano la posibilidad de aplicar retroactivamente una pena más gravosa para el imputado cuando esta se aprueba legalmente luego de cometido el hecho, y eso es, al final, lo único que importa realmente. Para citar de nuevo las propias palabras del TC:

“Se aplica la norma penal sustantiva vigente al momento de cometer el acto presuntamente delictivo.

Por el principio de seguridad jurídica se encuentra vedada la aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa de forma retroactiva en cuyo caso debe aplicarse la ley penal sustantiva vigente a momento de cometer el ilícito de forma ultractiva.

Es posible la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva más favorable.”

Aunque el fallo propiamente dicho vuelve a aplicar esta “constitucionalidad condicionada” que ya hemos visto antes en ocasión del fallo sobre la consulta libre e informada de proyectos que afectan a pueblos y naciones indígenas (caso TIPNIS), sentencia que por cierto el gobierno se pasó olímpicamente por la torera, el citado análisis no puede ser más claro. Y me permito recordar a los jueces, fiscales y abogados del Estado que el incumplimiento de una sentencia constitucional es, ese sí, un delito penado por una ley previa.

Esteban

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