Tribunal Constitucional declaró procedente recurso de hábeas corpus del cubano Amauris Samartino (fuente: Tribunal Constitucional)

Posted on 02/02/2007

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Mediante Sentencia Constitucional (SC) 0037/2007-R, de 31 de enero, el Tribunal Constitucional declaró procedente el recurso de hábeas corpus (RHC) interpuesto por Rodolfo Téllez Flores, en representación del ciudadano cubano Amauris Samartino, contra Alicia Muñoz Ala, Ministra de Gobierno, y Magali Zegarra Aragón, Directora Nacional de Migración, en base a los siguientes argumentos:
La Resolución Ministerial 4213, de 19 de septiembre de 2006, mediante la cual la ministra Alicia Muñoz Ala dispuso la expulsión del ciudadano cubano Amauris Samartino, se sustenta en el Decreto Supremo 24423, cuya facultad para expulsar a extranjeros por su intervención en la política interna del país y/o en la dirección de agrupaciones sindicales fue declarada inconstitucional mediante SC 004/2001, bajo el fundamento de que un Decreto Supremo no puede establecer limitaciones a derechos fundamentales en virtud al principio de reserva legal.
Entre sus fundamentos, la SC 004/2001 señala que esa norma (DS 24423) vulnera el principio de igualdad al hacer una diferenciación entre los nacionales, a quienes se les estaría reconociendo los derechos y garantías establecidos en la Constitución, y los extranjeros, a quienes no se les reconocería tales derechos, además de lesionar el derecho a la libertad de expresión, pues en virtud a ese Decreto Supremo, los extranjeros podrían ser expulsados por expresar libremente sus ideas, opiniones y puntos de vista por cualquier medio de difusión, refiriéndose críticamente a una situación concreta sobre la política interna del país; y finalmente, lesiona la garantía del debido proceso al permitir la expulsión del extranjero sin la celebración previa de un proceso.
En base a los argumentos expresados anteriormente, se concluye que la ministra de Gobierno Alicia Muñoz al haber fundado la Resolución Ministerial 4213, de expulsión del ciudadano cubano Amauris Samartino, en parte del Decreto Supremo 24423, se sustentó en una norma que se encuentra fuera del ordenamiento jurídico.
Por otra parte, resulta pertinente señalar que la competencia para disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros está otorgada a autoridades del Servicio Nacional de Migración, concretamente el Director General Ejecutivo  y el Director de Inspectoría y Arraigos, y no así al o a la Ministra de Gobierno, autoridad que sólo tiene atribución para formular, dirigir, coordinar y administrar políticas en el ámbito migratorio.
“Sin considerar esta falta de competencia, la Ministra de Gobierno pronunció la Resolución Ministerial en forma arbitraria, desconociendo las facultades otorgadas por ley a las autoridades administrativas del Servicio Nacional de Migración;  acto ilegal que originó la aprehensión y posterior detención del recurrente por más de 72 horas, cuando la jurisprudencia del Tribunal señala, de manera categórica, que las autoridades de migración no deben mantener detenidos a los súbditos extranjeros hasta la ejecución de la Resolución de expulsión, sino que ésta debe ser cumplida inmediatamente”, establece uno de los fundamentos jurídicos de la SC 0037/2007-R, emitida por el Tribunal Constitucional.
En otro fundamento, el fallo dejó establecido que si bien el Estado boliviano, en virtud a su soberanía, tiene la atribución de determinar qué ciudadanos extranjeros permanecen o son expulsados de su territorio, no es menos evidente que esas políticas deben ser elaboradas respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales y, por otra parte, una vez que las normas se encuentren vigentes, deben ser cumplidas por los propios gobernantes, pues uno de los principios que caracteriza al Estado de Derecho es la sujeción a la ley tanto de gobernantes como de gobernados, lo que implica la prohibición de la arbitrariedad por parte de los gobernantes, cuyos actos y resoluciones deben encontrar respaldo y fundamento en el ordenamiento jurídico.
 

Sucre, 2 de febrero de 2007
Unidad de Pedagogía Constitucional y Comunicación
Tribunal Constitucional de Bolivia

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