Tres razones para decirle NO a la nueva constitución (c) Fernando Molina – PULSO

Posted on 17/12/2007

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Primero, fue aprobada ilegalmente

La oposición política y regional al recién llegado gobierno de Evo Morales aceptó la convocatoria a una Asamblea Constituyente porque se le prometió que todas las decisiones de ésta sólo tendría validez si contaban con el apoyo de dos tercios del total de los legisladores, lo que hacía imposible que el oficialismo (que en 2005 había triunfado con el 54 por ciento de los votos) se impusiera por las malas. Esta promesa se tradujo en una “ley de convocatoria” que apenas reunida la Asamblea Morales y su partido, el MAS, trataron de alterar. La batalla que esto provocó entretuvo a la Asamblea durante la mayor parte de su vida de año y medio. Finalmente, el MAS cambió el reglamento interno de la Constituyente y entonces la Constitución pudo ser aprobada por dos tercios de los legisladores presentes en solamente dos sesiones borrascosas en las que la oposición no participó, es decir, rompiendo abiertamente la “ley de convocatoria”.

Ahora bien, puesto que un reglamento no puede afectar a una ley, se concluye que la Constitución nació de forma espuria y no puede tener carácter vinculante.

Interesa anotar que la ausencia de la oposición en esas dos únicas sesiones se debió a dos factores: a) la ruinosa estrategia de Podemos y los asambleístas cruceños de sabotear la Constituyente en lugar de disputar y negociar con el gobierno una Carta Magna que recogiera algunos postulados de la mayoría izquierdista pero que no fuera tan lejos como ésta pretendía; dicha estrategia facilitó la faena del gobierno al sacar de en medio a los representantes opositores, cuya presencia en la Asamblea habría impedido que el oficialismo usara la fórmula ilegal de “dos tercios de los presentes”. b) Las inadmisibles tretas realizadas por la directiva de la Asamblea, que no convocó legalmente a los asambleístas opositores a las sesiones mencionadas y se apoyó en claques para disciplinar a la bancada oficialista. Además, la aprobación también ilegal (por la ausencia provocada de los congresistas opositores) de una ley que permitió a la Asamblea reunirse fuera de Sucre, su sede original.

No se trata de legalismo. Lo grave de esta serie de sucesos es que conduce a que la Constitución así aprobada sea un documento parcial, un arma de unos contra los otros en una batalla política antes que un acuerdo de organización colectiva. Y por tanto a que su contenido tenga el potencial de dañar a importantes sectores de la población.

Segundo, amenaza la libertad de los bolivianos

La Constitución oficialista pone en riesgo la libertad de los ciudadanos al establecer penas de 30 años sin derecho a indulto contra los ciudadanos que, a juicio de unas autoridades que se elegirán de acuerdo al gusto del Presidente, “traicionen a la patria” al enajenar o perjudicar a las empresas estatales o al tratar de “dividir al país”. Ambos son cargos políticos. Por primera vez en la historia de Bolivia, corremos el riesgo de contar con un sistema penal capaz de producir presos políticos y de condenarlos con la pena máxima admitida.

Además, tal como está redactada la Constitución, el delito de “traición a la patria”, que con eso deja de ser exclusivamente para quienes den las espaldas al país en tiempo de guerra, podría juzgarse retrospectivamente (el texto constitucional señala que los delitos contra el Estado no prescriben). La cláusula también puede usarse contra los dirigentes regionales autonomistas que se enfrentan a Morales y que éste acaba de denunciar, justamente, como “divisionistas”.

La libertad también está en riesgo porque esta Constitución crea un procedimiento legislativo, judicial, ejecutivo y electoral, y unas instituciones estatales a la medida del partido oficial. La metodología de elección de todas las autoridades, desde los jueces hasta los magistrados encargados de la constitucionalidad, desde los diputados hasta el Presidente, de los responsables de los órganos electorales, todo en definitiva está pensado para favorecer al MAS y a su caudillo. Observadores serios han señalado que esta estructura eliminará a las minorías y mantendrá a Evo Morales por lo menos hasta el 2018 (un periodo de cinco años a partir de las elecciones generales que seguirían a la vigencia de la nueva Constitución y otro por la reelección “por una vez” que permite el texto constitucional). Pero además el Parlamento, que está facultado a introducir reformas constitucionales con solamente el 50 por ciento más uno de los votos (actualmente se necesita dos tercios), podrá aprobar próximamente la reelección perpetua.

No es necesario recordar a donde conduce el caudillismo, el culto de la personalidad y la destrucción de la disidencia que parecen ser los rasgos más notables de los “socialismos del siglo XXI”, y que son, curiosa casualidad, exactamente los mismos que caracterizaron a los socialismos del siglo XX. Los ejemplos están a la vista. Y son horribles.

Tercero, provocará un caos económico

La Constitución del MAS es nacionalista y estatalista al extremo de afectar gravemente a la gran propiedad –en especial–, pero también a las haciendas ganaderas, puesto que se pretende reducir su tamaño de cinco a diez veces (la proporción exacta se consultará en un referéndum), e incluso a la propiedad inmobiliaria (según la prensa, una disposición sacada de la galera en el último tramo del “debate” oficialista establece que los lotes de terreno que no están construidos son susceptibles de expropiación estatal. No he podido confirmar independientemente este aserto).

Si se aplica a rajatabla (lo que no es probable, pero sí posible) esta Carta obligaría al Estado a nacionalizar empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de electricidad, otras proveedoras de servicios públicos, y a revertir las concesiones mineras ya dadas, incluso algunas que tienen una dimensión enorme y que claramente no pueden ser administradas por el Estado.

Una gran cantidad de tierra ya titulada tendría que revertirse para cumplir los límites máximos de extensión que se fijen por medio del ya mencionado referéndum.

Y no puedo imaginar las consecuencias que tendría la expropiación de lotes urbanos.

En suma, si este texto se cumple nos precipitaría a un caos económico del que seguramente saldríamos más pobres, completamente decepcionados del estatalismo pero con un Estado desmesurado, monopólico e incapaz de atender las necesidades de la sociedad (aunque víctima fácil de los grupos de aventureros que en última instancia son los responsables de la redacción de Constitución y que ahora se frotan las manos por todo el poder y la riqueza que piensan adquirir). Y tendríamos que comenzar todo de nuevo…

¿Cómo oponerse?

Hay que decirle no a esta Constitución, pero hay que hacerlo levantando las banderas de la democracia, el pluralismo, el cambio progresivo, la libertad. No podemos luchar bajo los estandartes del racismo, la descalificación de los sencillos y los pobres, la superioridad moral o ideológica, el regionalismo y en general el odio. Dos males no hacen un bien. El gobierno enfrentará el tribunal de la historia, pero allí también concurrirá la oposición. Y cuidado con que ninguno resulte absuelto.

 
Fernando Molina
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