La refundación de Bolivia: Drama en tres actos

Posted on 22/04/2008

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Prologo: Fondo y forma

Siempre resulta imprudente analizar la historia mientras se desarrolla. Lo normal es que la historia la escriba el vencedor tras una crisis social mayúscula. En efecto, el poder político, cualquiera que sea su forma de expresión, incluye el privilegio de redefinir la comprensión de los sucesos que han originado ese poder, para justificarse sobre las bases del apoyo popular, oligárquico, étnico o de cualquier otra naturaleza que sostienen ese poder.

En el momento de escribirse estas líneas, Bolivia se encuentra en la encrucijada entre el sostenimiento de una forma de poder basada en el privilegio de una casta, no tan chica como quieren hacernos creer, de familias privilegiadas, beneficiarias de la revolución del 52 o que, habiendo caído en desgracia entonces, han logrado resurgir, y una nueva forma de poder emergente, llamada por sus teóricos como la “multitud abigarrada”, pero en cuyos entretelones se esconde una élite relativamente nueva, de origen popular pero con enorme poder económico (comerciantes, artesanos) y político (dirigentes sindicales, traficantes del espacio público).

Esta pelea, que parecía haberse resuelto con la victoria electoral del segundo grupo por mayoría absoluta, no ha hecho más que empezar. Los procesos históricos de derrumbe y sustitución de estructuras no se resuelven en unos pocos años. Son procesos que definen eras completas, uno o varios siglos.

Como ni el autor de estas líneas y nadie va a vivir siglos, es mejor no esperar. El tiempo dirá si este análisis fue correcto o estuvo nublado por el prejuicio y el error.

El punto de quiebre histórico en los procesos de recambio social suele ser un evento político de gran magnitud y significancia, donde la forma es tan o más importante que el fondo. El hecho meramente formal, por ejemplo, de que el Tercer Estado tuviera que sesionar en una cancha deportiva porque el Rey les clausuró su sala de sesiones en Francia dio lugar a la Revolución Francesa.

Dicho esto, hay que poner en relieve que la forma en la que ha sido aprobado el texto de la nueva Constitución Política del Estado que ahora se quiere someter a referéndum para su sanción definitiva corresponde por completo, aunque de manera torpe y equivocada, al fenómeno de recambio de élites. No hay duda alguna que la élite del siglo XX no va a renunciar a sus privilegios sin dar batalla. No hay duda que el establecimiento de la nueva élite importa el enfrentamiento y la imposición contra la antigua. Pero se ha omitido un detalle muy importante. Ninguna élite puede sostenerse sin el instrumento de poder por excelencia: la gente. Ambos grupos enfrentados se apoyan meramente en sus incondicionales, abandonando a la clase social que puede determinar el desequilibrio en este “empate catastrófico”: la clase media urbana.

El peor error del MAS ha sido su incapacidad de capitalizar el apoyo inicial que le dieron los empleados públicos, los profesionales liberales, los intelectuales, los universitarios, los comerciantes, los transportistas. El MAS ha perdido a esta base vital a puro atropello de las pocas instituciones existentes, a puro violación de las reglas formales que este grupo tan estratégico de personas considera vitales.

Lo sucedido desde diciembre del 2006 hasta la fecha en que se escriben estas líneas, respecto a la nueva constitución del Estado boliviano, es exactamente este fenómeno. Es decir, la voluntad de destruir y reemplazar estructuras de poder, mediante el abuso y el atropello de lo que el potencial aliado estratégico clave considera sagrado.

No voy a abundar en criticar los cercos, las sesiones ilegales, las violaciones sistemáticas a principios democráticos básicos, pues sobre eso ya ha corrido mucha tinta y seguramente habrá mucha más. El presente texto, salvo esta corta introducción, quiere versar sobre el fondo del nuevo texto constitucional, cuáles son las propuestas que hizo el cónclave, cuáles son estas nuevas estructuras que propone esta nueva élite.

I Acto: La desaparición de la Cosa Pública

Lo primero que choca al lector de la propuesta de constitución aprobada en Oruro (que no en Sucre como debía ser) es la desaparición absoluta de la palabra “República”. En ninguna parte, desde el prólogo hasta el último artículo, se hace mención alguna al concepto de cosa pública.

De manera más extraña todavía, al concepto no lo sustituye – al menos de manera clara – ningún otro. ¿Bolivia se va a convertir en una monarquía? ¿Quizás en una krytocracia regida por un consejo de Amautas?

Aparentemente, algo así es lo que se busca que suceda. Sin realmente destruir (todavía) las instituciones ya existentes, se incluyen en todos los niveles del poder estatal consejos de sabios elegidos por los todopoderosos pueblos originarios según sus usos y costumbres. Evidentemente, aunque se mantiene la elección del resto de las autoridades por los métodos conocidos de sufragio universal, secreto y libre, este concepto de filosofía política republicana, eminentemente occidental, se debilita y se perfora con la introducción de un concepto de filosofía política de tipo gerontocrático, típicamente tribal.

Más grave aún, se reconocen como formas de democracia directa algunas formas de organización y toma de decisiones que fueron superadas hace mucho precisamente por el concepto moderno de cosa pública. Si bien es cierto que el asambleísmo en la teoría es la forma más perfecta de toma democrática de decisiones, la realidad, y en especial la realidad boliviana, es muy distinta. Las asambleas y los cabildos (que son lo mismo pero en plaza pública) en realidad no son más que la demostración de capacidad de movilización de su organizador, cuyo efecto legitimante, donde todos los asistentes aprueban por aclamación una propuesta única, es, por decir lo menos, muy dudoso. Es cierto que el sistema de sufragio universal tradicional también puede ser manipulado a través de la capacidad movilizadora de los actores políticos más poderosos, pero al menos en ese escenario las alternativas existen. En el asambleísmo, no se conoce la legitimidad o representatividad de los asistentes, no se pide identificación como ciudadano, no corresponde cada voto a cada persona, no existe libertad de consciencia pues hay una enorme presión entre pares (en inglés peer pressure), y sobre todo y ante todo se recurre a los fuertísimos efectos psicológicos que produce la masa anónima, donde se diluye por completo cualquier resabio de responsabilidad (efecto estadio).

Estas formas de organización y toma de decisiones destruyen por tanto al concepto de equilibrio entre bien común y ciudadanía, base fundamental del republicanismo. Si bien la constitución propuesta declara la soberanía del pueblo, esta soberanía se convierte en colectiva, por lo que la ciudadanía se reduce a una mera declaración de pertenencia, y desaparece o se debilita fuertemente la libertad individual. La libertad se convierte en un concepto gregario, donde el individuo está bien si la colmena está bien, y deja de ser un concepto individualista (en el sentido stirneriano de la palabra), donde la colmena está bien si todos sus individuos están bien.

Ahora bien, el texto propuesto sí establece algunas “cualidades” que debería tener esta nueva organización estatal, aunque no queda claro cuál es el trasfondo doctrinal de los adjetivos “Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario” (Art. 1), reforzado esto con la declaración de la forma de gobierno “democrática, participativa, representativa y comunitaria” (Art. 11). Además de negar el tema tabú del federalismo, lo cual resulta irónico de un gobierno fundado sobre bases eminentemente federalistas como son las organizaciones sociales, sin que hasta la fecha autor alguno hubiera podido dar un argumento válido de porqué no es recomendable la asociación federal para Bolivia, agrega al principio cada vez más universal del Estado Social de Derecho (de origen democristiano) el concepto de plurinacional comunitario.

Es este último concepto el que preocupa más. Si se está sustituyendo la forma republicana de organización estatal, la figura con la cual se la quiere sustituir debería tener al menos una base doctrinal sólida. Salvo algunos atisbos de postestructuralismo, que por cierto es una corriente filosófica muy discutible, el concepto del Estado plurinacional comunitario no queda claro ni por algún antecedente conocido, ni por el contenido del resto del texto constitucional (excepto estos consejos de sabios que ya se ha mencionado), ni mucho menos porque este concepto hubiera tenido un debate público antes de su incorporación. Habrá que preguntarse si ese carácter comunitario se refiere a una forma de organización basada en la comunidad de bienes (comunismo), a una forma de organización etnocentrista o a una forma de organización, como parece ser lo más probable, eminentemente gregaria y restrictiva de las libertades individuales.

Y es que a la democracia no le gustan los adjetivos. Sin excepción alguna, todos los regímenes de la historia humana que han agregado un adjetivo a la palabra democracia (democracia popular, democracia censitaria, democracia nacionalista) han derivado en formas de opresión y de anulación de la condición humana que a su vez han resultado en fracaso estrepitoso. La democracia, como el embarazo, es un absoluto: o se es o no se es democrático, sobre todo si se entiende a esta cualidad como un estado de interrelación humana y no como una formalidad.

II Acto: El dulce privilegio de haber nacido indio

De la negación de la Cosa Pública como principio rector de la convivencia humana es fácil llegar a la negación del otro como actor válido. Esto es lo que ocurre en la constitución propuesta con la larga lista de derechos y garantías que, con el mejor ánimo de resultar en una acción afirmativa, se convierten en una discriminación inaceptable, clasificando a los ciudadanos en dos categorías.

No se malentienda. La crítica a los derechos colectivos declarados en el capítulo cuarto (Arts. 30 a 32) no debe juzgarse como una negación de estos derechos. El problema se halla en la exclusividad de estos derechos frente a los descendientes de emigrantes (salvo los afroamericanos, incluidos meramente por añadidura en estos artículos).

En efecto, si bien es cierto que el debate sobre los derechos colectivos o derechos de cuarta generación aún no ha sido suficiente y aún existen complicaciones importantes en la interpretación jurídica y aplicación efectiva de estos “nuevos” derechos, no es menos cierto que el avance de las ciencias del derecho, en particular cuando se refieren a los tratados internacionales sobre derechos humanos, ha sido importante en los últimos años, siendo responsabilidad de cualquier país que esté rediseñando su estructura política al menos tomar en cuenta estas nuevas teorías y estudiarlas.

No obstante, sean de la generación que sean, los derechos de las personas, sean individuales o sean colectivos, no pueden de ninguna manera ser propios y exclusivos de una determinada categoría de personas, mucho peor si esa categoría es tan difusa y peligrosa como la pertenencia étnica.

El solo hecho de la negación del derecho a existir libremente como pueblo o nación a los descendientes de los inmigrantes europeos, por más mestizos que nos consideremos, es una aberración jurídica y política de imprevisibles consecuencias. Si bien no caeremos en la tentación alarmista de anunciar este como el inicio de algún tipo de limpieza étnica o de confiscación de los bienes de los criollos y mestizos que habitamos esta tierra, sí resulta muy preocupante que a título de justicia poética a favor de los eternamente oprimidos pueblos originarios se alimente el revanchismo y se convierta al criollo-mestizo en un ciudadano de segunda clase sin derecho a la identidad y a la libre determinación grupal, más aún si el modelo de construcción social como ya se ha señalado arriba se basa en lo comunitario.

Pero la discriminación no termina allí. La construcción de las instituciones públicas se afianza en este nuevo texto en la presunción de que las autoridades originarias, por una mezcla de derecho divino y costumbres supuestamente ancestrales, tienen la misma o mayor capacidad técnica para administrar justicia, interpretar la propia Constitución, dirigir los procesos electorales, curar a los enfermos, regular la explotación de recursos renovables, legislar, y una larga lista de atribuciones.

De nuevo, no debe entenderse esto como una negación de las facultades de los indígenas, sino como negación de que estas facultades estén dadas solamente por el hecho necesario y fortuito de haber nacido en determinada etnia.

Se argumentará que este tipo de privilegios, la asunción de facultades solamente por el origen sanguíneo o la enorme diferencia de oportunidades entre unos y otros no es algo nuevo, y que en los hechos los miembros de algunas familias poderosas tienen en el actual sistema mayor probabilidad de ocupar cargos jerárquicos en las instituciones públicas. En efecto, ello es una verdad que no puede ser negada. Sin embargo, esta discriminación de facto no encuentra justificativo jurídico alguno, y más bien, en un sentido amplio, constituye una violación a la actual Constitución Política del Estado. Sustituir a una élite por otra mediante la dotación de privilegios en la Ley de Leyes no es sino una afrenta directa y cínica a los principios universales de la democracia. En pleno siglo XXI ya no se puede pensar en la instrumentalización de la ley fundamental para fines de promoción política. La destrucción de las estructuras de poder coloniales pasa hoy necesariamente por los principios de igualdad, justicia y libertad, no por los principios de revancha y anulación.

III Acto: La pluralidad jurídica versus el federalismo impío

El Masismo ha recuperado y hecho suya la lucha frontal contra la descentralización del poder. Por motivos que no me quedan en absoluto claros, si quiera pensar en la posibilidad de construir un sistema federal es una herejía en Bolivia. El discurso oficial tilda de separatistas o divisionistas a quienes nos atrevemos a proponer un sistema de asociación libre de la misma diversidad de naciones que el gobierno pone tanto empeño en defender.

Para curarse en salud, la teoría Plurinacional-comunitaria establece en el texto propuesto de constitución como principio la pluralidad jurídica. Esto, en un Estado unitario, es un absurdo incomprensible. Se estructuran una larga serie de entelequias en un sistema extremadamente complejo y mal explicado de autonomías que no niegan (al menos expresamente) este concepto de unitarismo. Entre las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas, los conflictos de competencias se presienten muy complejos, pero al final no necesariamente irresolubles. Pero sí resulta irresoluble la compatibilización de los marcos normativos de un estado unitario con los marcos normativos de cuatro otros niveles de gobierno, uno de los cuales no tiene claramente definida su jurisdicción territorial.

Más grave aún, entre los derechos divinos que se le otorga a los pueblos y naciones originarios, está el de impartir justicia según sus propios usos y costumbres. Esto, en una nación federal, podría ser comprensible en la medida en que el ciudadano deberá someterse, además de a las leyes federales, a las leyes del lugar, las cuales pueden ser discutidas además en instancias superiores cuando exista una incompatibilidad entre ambas. No ocurre lo mismo en un estado unitario con autonomías que no tienen el territorio definido y en las cuales no existe el principio del juez natural. Los abusos a que puede prestarse esta mal definida “justicia comunitaria”, más allá del problema del linchamiento que todos estamos de acuerdo no tiene nada que ver con este concepto, pueden crear un estado de inseguridad jurídica absoluta y amenazar muy seriamente las raíces mismas de la convivencia social.

Así por ejemplo, sin ánimo de caer en exageraciones, ocurriría con un microempresario que quiera poner un negocio en determinada comunidad. Además de tener que cumplir con los dictados de las normas nacionales, departamentales y municipales, ya de por sí muy complicadas, deberá además tener cuidado de no violar normas regionales ni mucho menos las dispuestas por los usos y costumbres de la etnia mayoritaria del lugar. Pero más grave aún, no sabrá si efectivamente se deberá someter a estas últimas disposiciones, o hasta dónde en términos geográficos está obligado a someterse a esas normas. Si adicionalmente no es miembro el microempresario de la comunidad, no se sabrá si las normas de la etnia son vinculantes a él o no, y por ende a su emprendimiento. Más grave todavía, no conocerá a su juez natural, no conocerá los procedimientos ni podrá asesorarse con un profesional para defender su emprendimiento, y temerá permanentemente ser sancionado por una falta que no necesariamente sabe que es antijurídica, con castigos que aún sin ser corporales (lo cual dudo mucho) pueden afectar de gran manera al emprendimiento. Siguiendo con nuestro ejemplo, si el consejo de sabios del lugar decide que el empresario ha cometido una ofensa contra esa comunidad y lo sanciona con el destierro (que es la forma más común de sanción en la justicia comunitaria), ¿qué sucederá con su emprendimiento? ¿Será confiscado? ¿Será cerrado? ¿Quién empleará a sus dependientes?

 Por este tipo de peligros, cuyos ejemplos abundan, es que no es posible pensar en un sistema de pluralidad jurídica en un estado unitario. La pluralidad jurídica solamente puede existir cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • Que las normas locales se den en un marco republicano y de sometimiento pleno de las autoridades locales a leyes marco preestablecidas
  • Que las normas locales se establezcan de tal manera que el ciudadano sabe en todo momento bajo qué jurisdicción se encuentra y cuál es su juez natural
  • Que la autonomía no sea entendida como la facultad de contradecir las normas emitidas por el estado central

Cualquier trasgresión a cualquiera de estos tres principios en la organización político-administrativa de las entidades regionales o locales derivaría en un estado de anomia por la inaplicabilidad de las normas. En el caso de estudio, claramente el establecimiento de entidades nacionales (en el sentido étnico de la palabra) sin límites jurisdiccionales precisos trasgrede los primeros dos principios, y no hay en el texto propuesto garantía suficiente de que el tercero no sea también violado.

En efecto, si bien se establece la jerarquía normativa (con algunas contradicciones importantes con el principio de autonomía, por ejemplo el Decreto Supremo se halla ahora por encima de las resoluciones de los gobiernos locales), no se establece con claridad qué ocurre cuando se presenta una contradicción entre el nivel plurinacional y el resto de los niveles de gobierno, o entre éstos.

Finalmente, al coexistir en un mismo territorio tantos niveles de gobierno, es necesario definir con absoluta claridad no solamente cuáles son las competencias de cada uno, lo cual no está claro al existir cruces y duplicidades en el texto, sino sobre todo cuáles tienen prelación sobre las demás. ¿Qué ocurre si el gobierno departamental y la entidad originaria disponen reglas contradictorias sobre un mismo tema, en jurisdicciones idénticas y con uso de competencias reconocidas para ambos? La constitución propuesta plantea que esto sea resuelto con la coordinación que debe existir entre instancias, lo cual no es más que una declaración utópica.

Epílogo: Cambiar todo para que todo siga igual

Los defectos, voluntarios o accidentales, de la propuesta de Constitución Política del Estado son muchos más que los señalados. Tocar todos los temas demandaría un tratado completo, con un análisis, multidisciplinario pero sobre todo jurídico, que proyecte al futuro las posibles implicaciones de este documento, contraste las instituciones propuestas con la teoría constitucional universal y con las experiencias de otros países y realice un análisis científico, objetivo y desapasionado de las transformaciones socio-políticas que busca.

Esto último es absolutamente clave. Por una parte, es muy difícil encontrar objetividad cuando el objeto de estudio afecta al sujeto que lo está estudiando. Por otra, es muy difícil convencer a los críticos que se está siendo objetivo cuando se halaga, y es muy difícil convencer a los entusiastas que se está siendo objetivo cuando se critica.

Yo no estoy exento, en absoluto, de estas falencias humanas. Puedo haber perdido mi objetividad, como puede que solo sea una impresión que estoy dando a los amigos masistas por ser muy duro con el documento que de manera tan resumida refiero. No obstante, tengo la plena convicción de que las declaraciones de buenas intenciones, los experimentos sociales y el revanchismo son malos consejeros a la hora de redactar una ley fundamental.Vuelvo acá al punto de inicio. El debate profundo, el respaldo científico y filosófico, el escuchar al contrario, es decir, en otras palabras, el procedimiento minucioso sí hubieran permitido contar con un documento si no perfecto, al menos aceptable para todas las partes. La forma como se ha aprobado el documento se refleja claramente en su contenido. Las ideas no han sido bien pensadas porque los informes de las comisiones eran secreto de estado. Los conceptos son contradictorios y peligrosos porque no ha habido el filtro de la oposición. El resultado es un mamotreto inaplicable porque se ha escrito a media noche. Esa no es la manera de refundar Bolivia. Si esta Constitución se llega a aprobar, vamos a tener que volver a empezar el trabajo después de una crisis mucho más grave que la actual. Si no se llega a aprobar, tendremos la oportunidad de volver a empezar sin necesidad de pasar por semejante crisis.

Esteban
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