¿Qué pensar de la reforma judicial?

Posted on 14/05/2010

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Para nadie es un secreto que el Poder Judicial arrastra hace mucho un desprestigio lascerante. Si bien no se puede generalizar, los casos difundidos o no de corrupción, de prevaricato, y de simple y llana falta de criterio jurídico en los que se han visto involucrados desde jueces de instrucción hasta ministros de la Corte Suprema han dejado en la lona la credibilidad de uno de los tres pilares fundamentales de la democracia.

Ante el enorme desafío de revertir este desprestigio, agravado por cierto por algunos prejuicios muy típicos de la mentalidad criolla por la que es corrupto todo funcionario que no me de la razón, las gestiones de gobierno pasadas poco han podido hacer. Los avances más importantes, sin duda, han sido la creación y funcionamiento por algunos años, no los suficientes, del Tribunal Constitucional, la creación de la carrera judicial y la reformulación de algunos procedimientos. Al respecto, la ayuda internacional, especialmente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sido gravitante.

Sin embargo, lo avanzado no solamente ha sido muy poco y, como ocurre necesaria y lastimosamente en este tipo de proyectos, de manera muy lenta y poco visible, sino que a consecuencia de esa poca visibilidad de los resultados se han convertido en medidas impopulares que el actual gobierno se apresura ahora en desmontar.

A partir de la Asamblea Constituyente, más allá de lo que pueda uno pensar de ella, se plantea institucionalmente la necesidad de una reforma profunda y radical en el sistema de la justicia boliviana. Como los otros dos pilares del Estado, la justicia se convierte en un Órgano, ya no un Poder, y se incorpora a su existencia el concepto de la justicia dual, esto es, la coexistencia legal y reconocida de dos sistemas de justicia paralelos.

A partir de esta base constitucional, se introducen algunas modificaciones sustanciales, como la elección de los magistrados, elección a la que deberemos asistir los ciudadanos a fin de año; la eliminación de la carrera judicial, sustituida por un sistema de rotación cuatrienal; la incorporación a los niveles más altos de la judicatura de representantes de los pueblos y naciones indígena-originario-campesinos por el sólo hecho de pertenecer a ellos; y, ya en la esfera de los hechos y no del Derecho, la destrucción sistemática y dirigida de las estructuras de poder interno de este Órgano, en particular del Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, que se habían creado justamente para contrarrestar el monopolio de poder de la antigua Corte Suprema de Justicia.

Volviendo al principio, no cabe duda que una reforma profunda era necesaria. No obstante, el retroceder veinte años, desmontando lo poco que se ha podido avanzar, no parece ser la mejor manera de reformar a la justicia boliviana.

Existe una enorme literatura, especialmente iberoamericana, sobre reforma de la justicia. Existen experiencias muy exitosas como las de Costa Rica, Argentina y la propia España de las que podríamos aprender muchísimo, sin por ello copiarlas, sino adaptarlas a nuestra propia realidad, incluyendo a la Justicia Comunitaria no ya como simple declaración de principio sino encontrando los mecanismos para su real incorporación a la institucionalidad democrática, para beneficio de todos. En lugar de tratar de borrar acciones pasadas sólo por quién fue su autor, ¿no sería mejor tomar la posta y seguir avanzando?
 
Esteban
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