Para entender la Ley Marco de Autonomías

Posted on 15/07/2010

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Al cierre de esta edición, se había aprobado en grande en la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley que desarrolla las competencias señaladas en los artículos 297 y siguientes de la Constitución Política del Estado.

Para entender la Ley Marco de Autonomías, es necesario recapitular lo sucedido en la Asamblea Constituyente cuando a tropezones y atropellos se aprobó un menú de competencias para los niveles de gobierno creados (Plurinacional, Departamental, Regional, Municipal e Indígena Originario Campesino), sin dejar muy claro su alcance, en especial cuando existen sobreposiciones o conflictos sobre estas competencias.

Sólo para dar un ejemplo, la CPE señala como competencia exclusiva de tres niveles de gobierno, el Plurinacional, Departamental y Municipal, a la vez, la gestión del turismo, cada uno en su ámbito territorial, que hasta donde sabemos también se sobreponen, salvo que alguien pueda demostrar la existencia de un municipio que no sea parte del territorio nacional o de un departamento.

Este desarrollo normativo debería, por tanto, ser una buena noticia. Aquí es donde las cosas se complican. Para empezar, la Ley Marco no tiene una uniformidad conceptual o filosófica a lo largo de su texto. En algunas materias, es fuertemente autonomista, casi federalista, dándole amplias facultades, responsabilidades pero sobre todo independencia en la toma de decisiones a los niveles subnacionales involucrados. Sin embargo e inversamente, en otras materias, recuérdese que se está hablando del mismo texto legal, es profundamente centralista y se muestra muy suspicaz de delegar atribuciones a los niveles subnacionales.

En segundo término, la Ley Marco de Autonomías comete el error clásico y que tiene infinidad de ejemplos y lecciones aprendidas tanto en otros países como en el nuestro, de otorgar atribuciones y competencias a niveles de gobierno sin otorgarle los recursos (materiales, humanos y/o financieros) que son necesarios para poder ejercer esta competencia. Podría esto interpretarse de muchas maneras, dependiendo del grado de paranoia de quien lo analice, desde una simple mala costumbre de no acompañar las competencias con los instrumentos necesarios, hasta una conspiración para impedir que los municipios y prefecturas hagan un trabajo eficiente, a fin de quedarse con toda la gloria de los logros y echarles la culpa de todos los fracasos.

Tercero, llama la atención de que el concepto de principio de concurrencia no está entendido por los técnicos que proyectaron la ley. En efecto, el proyecto tiende más a crear una competencia entre niveles de gobierno que a una verdadera colaboración basada en el principio de que el nivel más bajo debe tomar la iniciativa de los proyectos e inversiones estatales, acudiendo a la instancia superior solamente en caso de no poder con su capacidad instalada atender la exigencia del proyecto, y a su vez la instancia superior acudir a la más alta también en busca de asistencia en caso de ser necesario. Para dar un ejemplo de cómo funciona este principio, existe en La Paz el proyecto de construir una Terminal de buses exclusiva para viajes al norte de La Paz, el Beni y Pando, y eventualmente al Brasil cuando la Interoceánica esté terminada. Este proyecto tiene sin embargo un costo muy alto que no puede cubrir el municipio, e incluso la Gobernación de La Paz no podría colaborar con lo suficiente. En aplicación del principio de concurrencia, el proyecto se ejecutaría con un financiamiento de 40% por el Municipio y bajo su responsabilidad respecto a la ejecución y supervisión, y un financiamiento de 30% la Gobernación y 30% el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Como último apunte, me sumo a la ola de protestas contra la pretensión de suspender a autoridades electas por voto popular a sola acusación formal. Si bien es cierto que la impunidad es inadmisible y quien delinque no puede escudarse en fueron políticos o de cualquier otra índole, son vitales los candados que impidan que sucedan cosas como recientemente en Sucre y en Quillacollo. La autoridad impugnada debe gozar de licencia para enfrentar su juicio, sí, y ser destituida en caso de comprobarse en sentencia ejecutoriada la comisión de la falta, pero debe ser sustituida por un concejal de su propio partido, y en ningún caso por quien perdió la última elección.

Esteban

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