A contrapelo

Posted on 14/09/2010

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Durante los últimos 65 años, esto es, desde el fin de la II Guerra Mundial, ha existido en el mundo entero un avance significativo del Derecho, a partir del cambio de concepción de lo que significa el término Estado de Derecho. Hasta el ascenso y caída de los regímenes fascistas en Europa continental que provocó la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad, se daba por cierto que para que un Estado sea de Derecho bastaba con que éste estuviera sometido a la Ley. No obstante, el régimen Nazi, el fascismo italiano, el falangismo español y muchos otros casos menos difundidos por los libros de historia, eran regímenes legales, stricto sensu, y de esta manera demostraron que someterse a la Ley era insuficiente.

Fueron los demócrata cristianos liderados por Adenauer en Alemania, pero sobre todo los gobiernos creadores de la Organización de las Naciones Unidas, quienes al percatarse de este error desarrollaron el segundo requisito, hoy considerado universal por los juristas aunque desgraciadamente no por varios gobiernos del mundo, que no sólo debía la organización política someterse a la Ley, sino que esta debía responder a ciertos principios elementales del Derecho.

Sólo para enumerar algunos de estos principios, baste señalar el respeto al debido proceso, el derecho a la defensa, la necesidad de tribunales imparciales, la prohibición de establecer tribunales especiales, la presunción de inocencia, la proporcionalidad de la sanción, con una fuerte tendencia además a sustituir las penas de cárcel por sanciones económicas u otras en faltas menos graves, la irretroactividad de las leyes, especialmente aquellas que tipifican conductas sancionables o establecen o agravan las penas, la prescripción de la acción penal como sanción al Estado, la igualdad ante la Ley y el monopolio de la violencia.

De un tiempo a esta parte, en nuestro país estos principios se han ido diluyendo, con argumentos jus positivistas que son, sencillamente, un retroceso de 65 años o más en el derecho boliviano. En efecto, nos jactamos de haber aprobado recientemente una de las constituciones más avanzadas del mundo, cuando en realidad este documento fundamental, que costó vidas humanas, se ha convertido en un simple paradigma carente de posibilidades de concreción real, un referente cuya aplicación es optativa.

Es muy posible que algunos de los tantos ex funcionarios públicos y dirigentes cívicos acusados merezcan evidentemente ser procesados y sancionados por la comisión de delitos comunes. Pero es evidente que muchos, la mayoría, de estos acusados o lo fueron siendo inocentes o bajo cargos imaginarios, o cometieron faltas menores y de baja relevancia social que podrían ser sancionados con multas, indemnizaciones, trabajo comunitario o una simple disculpa pública.

En realidad, lo que está ocurriendo es que estas personas, inocentes y culpables por igual, están siendo ya juzgadas y sancionadas por el Órgano Ejecutivo, no por el Judicial, por el sólo hecho de ser quienes son, de ser incómodos para el régimen. Y he aquí un principio general del Derecho más que se está vulnerando: al acusado se lo debe juzgar por sus hechos, no por quién es, cómo piensa o con quienes se junta.

Esteban

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