Quien mucho abarca…

Posted on 23/09/2010

0


Es necesario desmitificar la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Por desgracia, y como sucede muy a menudo, los medios han llevado la discusión a donde les conviene, creando para ello mitos y medias verdades sobre el texto que no permiten un análisis objetivo de la norma propuesta y a punto de aprobarse.

Por ello, me dí la tarea, nada fácil por cierto, de conseguir el texto íntegro del proyecto aprobado por la cámara baja y enviado al Senado.

Debo decir de entrada que, como muchas de las cosas que ha promovido el partido de gobierno, estoy de acuerdo con el qué, pero es el cómo el que me genera dudas y temores. En efecto, es muy loable que finalmente el Estado pase de tener un papel pasivo-reactivo ante el problema de la discriminación a un papel proactivo de prevención, educación y sanción a los actos de violación al derecho fundamental a la dignidad e igualdad. Esta ha sido una asignatura pendiente que no ha querido encarar ningún gobierno constitucional o de facto hasta ahora.

De hecho, pude haber influenciado, perdonen mi falta de modestia, al menos un poquito en el hecho de que debe existir una consecuencia de tipo sancionatorio para quien incurre en hechos graves de discriminación. La idea propuesta era, en efecto, que si una persona claramente identificable manifiesta y evidentemente rechaza, insulta o afecta moralmente a otra persona también claramente identificable – la víctima – por razones de su origen étnico, color de piel, forma de vestir, sexo, opción sexual, religión u otras, debiera ser juzgado y condenado a sanciones administrativas (no privativas de libertad). Incluso, si esa discriminación se traducía en violencia física, debería ser considerado un agravante de las penas, ahora sí de privación de libertad, mucho más si se producían en un contexto de apología pública de esa violencia, como lo ocurrido en Sucre el 24 de mayo de 2008.

No obstante, hay límites, sobre todo constitucionales pero también de principios generales del Derecho (a los que me referí en otra nota), que esta ley no debería transgredir, y por desgracia en los hechos sí ocurre. Primero, la lucha contra la discriminación de ninguna manera podría violar el derecho fundamental a la libre expresión de las ideas. Así como no puede sancionárseme penalmente por pensar en robar un banco, incluso si expreso abiertamente ese pensamiento, tampoco podría existir sanción por tener pensamientos racistas, aún si los expreso abiertamente. Tiene que existir un hecho, una acción positiva y demostrable, con una víctima con nombre y apellido, para que incurra en falta y sea pasible a sanción.

Segundo, otro principio fundamental es que la responsabilidad de la acción penal es siempre personalísima. No puede pues sancionarse a un medio porque algún columnista tenga opiniones racistas, así haya tenido la desfachatez de tratar de “cruce de llama con Satanás” al señor Presidente del Estado Plurinacional. Sin perjuicio de lo dicho arriba, acá el único culpable es quien firma la columna. Si no lleva firma, el responsable es el editor del periódico.

Pero más allá del polémico artículo 16 de la norma propuesta, hay otros temas que preocupan. Me parece que la ley es demasiado ambiciosa, por lo que es muy probable que caiga en la enfermedad de las leyes bolivianas: se acata pero no se cumple. No creo, con toda sinceridad, que el Estado tenga la fuerza, la presencia, la continuidad en las acciones y la capacidad física de hacer cumplir esta ley. Como muchas otras, me temo que quedará en meras declaraciones, salvo, lo que asusta todavía más, aquellos casos muy puntuales y bullados en los que el partido de gobierno tenga interés en destruir a un enemigo político.

Tampoco creo que se haya tomado una buena base filosófica sobre la cual educar a la gente. Se debe trabajar mucho más en enseñar a la población qué es discriminación y qué no lo es, pues se tiende mucho a confundir las cosas. Y de ello se desprende también que tiene que irse construyendo una jurisprudencia muy clara para poder diferenciar entre la negación de una pretensión y la discriminación. Para ello, debiera ser el Órgano Judicial el que se encargue de aplicar la parte punitiva de la Ley, y no algún consejo de iluminados como se pretende. De lo contrario, esto se convierte en una caza de brujas, en la que bastará con acusar al vecino que canta desafinado, al funcionario que me negó un trámite, o al chófer que no me quiso recoger, de racista, para deshacerme de él, incurriendo en una verdadera práctica discriminatoria e injusta donde el acusado es la víctima.

Esteban

Anuncios
Etiquetado:
Posted in: Sin categoría