Defender el voto

Posted on 16/12/2010

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Una nueva arremetida contra el alcalde Luis Revilla me fuerza en esta ocasión a asumir una posición que creo que es necesaria y más que oportuna expresar.

Más allá del simple discurso o de las verdades a medias que suelen reflejarse en los medios masivos de comunicación, lo cierto es que, de manera absurda y ridícula, el sistema judicial está en plena campaña de persecución, castigo, desprestigio y humillación a las personas que, por sí o por instrucciones de otro lado, le resultan incómodas al régimen del presidente Evo Morales.

Las presiones del poder político para llevar adelante estas persecuciones, confesas entre bambalinas por los propios fiscales, son a todas las luces evidentes cuando se emiten imputaciones y acusaciones por hechos que no eran delito cuando se cometieron, en franca violación al principio más elemental del Derecho que es el principio de legalidad, o cuyos requisitos de prejudicialidad están establecidos por la Ley (por ejemplo la necesaria declaratoria de nulidad de los instrumentos legales con los cuales se cometieron los hechos supuestamente delictivos), cuando se suspenden autoridades electas por crímenes cometidos por otras personas (caso Sucre), se emiten órdenes de captura internacional y se allanan domicilios sin que si quiera se tengan indicios suficientes de la comisión de delitos, se arrestan y encarcelan autoridades por largos meses sin siquiera hasta ahora iniciar las audiencias del juicio penal, y se amenaza a los jueces ciudadanos con procesos por prevaricato cuando no siguen al pie de la letra las instrucciones el juez técnico, en fin, la larga lista de injusticias que se vienen cometiendo a título de lucha contra la corrupción.

Lo más extraño acá por supuesto es la absoluta ceguera de los fiscales y jueces frente a los argumentos, alegatos, pruebas y excepciones en el procedimiento que plantea la defensa de los imputados. El derecho a la defensa prácticamente ha desaparecido, y los fiscales siguen la consigna de encarcelar a toda costa y contra cualquier argumento, como en los peores tiempos de la inquisición. Un fiscal expresó en uno de estos casos, mantengo la reserva sobre cuál por razones obvias, que se trataba de la cabeza del perseguido o la suya. A confesión de parte relevo de prueba…

Como si nada de esto fuera ya suficiente, la reciente aprobación sin debate de la Ley Marco de Autonomías, que debo admitir algunas buenas cosas tiene en otras materias, permite que un fiscal de materia, es decir, una autoridad no electa y de cuarto rango jerárquico, pueda ordenar a simple acusación la suspensión de una autoridad electa por el pueblo. Y esta es la parte que nos afecta de manera directa a todos. No importa ya el voto popular: si la autoridad electa no se arrodilla ante el MAS, la votación así sea unánime queda en nada. La democracia ha muerto, y ni cuenta nos hemos dado.

Acá lo peor que uno puede hacer es pecar de ingenuidad. Fueron ya suspendidos alcaldes en otras regiones del país, y se van a seguir suspendiendo los alcaldes y gobernadores contra viento y marea en los meses que siguen. La voluntad en el caso de La Paz expresada por 48% de los votantes de que sea Luis Revilla Herrero nuestro Alclade puede ser tirada al tacho por un fiscal de cuarta categoría, para colmo usando argumentos mentirosos y sin fundamento legal alguno, expresados por un Contralor interino puesto a dedo por el gobierno y que se saltó todos los procedimientos para hacer su absurda denuncia.

Acá solo cabe preguntarse, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Lo vamos a permitir? ¿Le tenemos demasiado miedo al régimen para actuar? ¿O La Paz va a hacer honor a su eslogan histórico, Cuna de Libertad, Tumba de Tiranos?

Esteban

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