Las tarifas de transporte: ¿precio político o demanda legítima?

Posted on 24/02/2011

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En mayor o menor medida, con mayor o menor virulencia, se ha desencadenado en Bolivia la disputa entre los prestadores del servicio de transporte público urbano y los usuarios de este servicio, por la tarifa del pasaje.

Las posiciones, lejos de convertirse en un debate sereno y con argumentos de uno u otro lado, se han encontrado a partir de intransigencias y discursos políticos que en los casos de Cochabamba y Santa Cruz han llegado al enfrentamiento abierto.

El problema mayor, considero, es la lamentable demagogia con que tratan este tema las autoridades políticas, tanto nacionales como locales, echándose mutuamente la culpa pero sobre todo atrincherándose en el ya repetido hasta el cansancio “no vamos a permitir…”, que no admite una reflexión seria sobre el problema, en sus dos dimensiones: los problemas coyunturales respecto a los ingresos del transportista versus la capacidad de pago del usuario; y los problemas estructurales de un sistema perverso y ya colapsado en las mayores ciudades del país versus la evidente necesidad de miles de personas que han hecho del volante su medio de subsistencia.

Sobre el primer punto, a riesgo de convertirme en enemigo público y ser vilipendiado por todos los demagogos y facilistas que lleguen a leer estas líneas, creo que la demanda de los transportistas de ajustar sus tarifas hasta en un 50% no es ilegítima ni descabellada. Me explico. En primer término, hay que tomar consciencia que alrededor de 80% de los chóferes no son propietarios de su vehículo, sino trabajan a destajo, debiendo dar una porción importante de sus ingresos diarios al dueño, y debiendo para colmo usar el resto de la recaudación para mantener en funcionamiento el vehículo, pues el dueño no ha de gastar un solo peso en él. Lo que queda, por tanto, para el transportista, son a penas migajas con las que debe mantener a su familia.

Este segundo punto es el que se olvida demasiado fácilmente en la disputa actual: el transportista es un ser humano, tiene una familia que alimentar, vestir y educar como todo el mundo. Si se considera que la tarifa se ha mantenido congelada (nominalmente, acá no se toma en cuenta el remate de pasajes) desde 1998, y la inflación acumulada desde ese año supera fácilmente 60%, al transportista no le queda otra que tratar de reducir sus costos o encontrar maneras de incrementar sus ingresos en un marco de precios inflexibles, por lo que descuida el mantenimiento del vehículo, disminuyendo muy seriamente su seguridad, y “fracciona” las rutas en tramos, disminuyendo muy seriamente la calidad del servicio.

Lo cual me lleva a la otra cara de la moneda. ¿Los usuarios estaremos dispuestos a pagar más por un servicio muy deficiente e inseguro? Considerando que un aumento de hasta 50% de la tarifa del transporte genera una mella significativa en el presupuesto familiar, tan afectado por la inflación como el resto del mundo, y que el 60% de la población urbana vive bajo la línea de la pobreza por lo que aumentar su gasto mensual en Bs. 60 o 70 es un drama, la oposición férrea de organizaciones vecinales y laborales a este alza me parece muy comprensible, aunque no la comparta. Si encima hay que pagar más para seguir recibiendo el servicio desastroso, peligroso, incómodo e ineficiente, los argumentos se hacen más fuertes aún.

Creo sin embargo que es posible conseguir un equilibrio que permita una situación soportable hasta tanto se pongan en efecto soluciones más estructurales. Y esto me lleva finalmente al segundo tema de debate. El nuestro es un sistema de transporte absolutamente perverso e insostenible. Demasiadas unidades ofrecen demasiado pocos asientos.

En La Paz, conseguir transporte en hora pico es misión cerca de imposible y ha degenerado en tal anomia social que hasta las señoras de edad avanzada se empujonean para conseguir un asiento. Como ya lo dijimos arriba, la calidad no puede mejorar sin afectar la tarifa e inviabilizar su sostenibilidad. Aunque gran parte del parque utiliza ahora GNV como combustible, las cantidades de vehículos y su fuerte concentración en avenidas clave lo hacen ambientalmente criminal. Agréguese como cereza en la torta que la propia lógica de sobrecompetencia y disputa de cada centavo de ingreso muda a los conductores en peligrosos energúmenos al volante de vehículos mal mantenidos, lo cual lo convierte en una verdadera amenaza a la seguridad y salud públicas.

Es nomás tiempo de cambiar de sistema, pasando de este modelo neoliberal in extremis actualmente existente a uno cooperativo de transporte masivo, tal como se propone hoy hacer en La Paz (y entiendo que Santa Cruz está siguiendo similar esquema) y como se ha hecho de manera muy exitosa en Curitiba, Bogotá, Quito, Medellín, México, Santiago de Chile y muy recientemente en Lima. Acá no hay propaganda gratuita, es una cuestión se simple sentido común: un sistema de buses rápidos y de gran capacidad, con horarios, rutas y paradas predeterminadas, que requiere relativamente poca inversión comparada con otros sistemas (lo cual no quiere decir que venga barato) y que se complemente con rutas alimentadoras operadas por el actual sistema, claramente tiene mucha lógica.

El problema evidente de esta solución, o cualquier otra que cambie el sistema de transporte, es que afecta intereses creados, y va a generar inevitablemente un conflicto social. La generación de desempleo abierto no es más que una excusa, pues los transportistas entrarían casi en su totalidad a ser parte del nuevo sistema. Los afectados son, en realidad, los que lucran del transporte sin trabajar, que son gente muy poderosa y de mucha influencia, con la capacidad de movilizar, ya lo vimos antes, a las masas de trabajadores que les sirven y sus familias. Agárrense, pues, que se viene la tormenta.

Ojalá una equilibrada dosificación entre diálogo franco y firme autoridad nos lleve al éxito – tengo fe que así será.

Esteban

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