La Ley de Revolución Productiva Agropecuaria: no está mal, pero a ver si funciona

Muy pocas veces tengo la oportunidad de aplaudir al gobierno de la revolución democrática cultural. En este espacio he sido más que rabiosamente crítico allí donde creo que se lo merece, pero nunca por un encono o aversión personal por Su Excelencia ni el partido que comanda, y en su momento también he reconocido los méritos de sus políticas sociales.

Hace a penas pocos días el hermano Presidente ha promulgado no la primera, sino la segunda norma económica (la primera fue el Plan Nacional de Desarrollo, que resultó siendo un fiasco) que creo vale la pena halagar por el esfuerzo que se ha hecho al menos en hacer una colección de buenas ideas – aunque no todas lo son.

Me explico. Como concepto general, me parece encomiable la voluntad política de iniciar seriamente un desarrollo de una de las principales actividades productivas de Bolivia, más aún cuando se hace mediante la innovación, investigación, modernización, transferencia de tecnología y búsqueda de seguridad financiera – tanto en créditos como en seguros – y la planificación concertada. Esto merece una ovación de pié, al menos en cuanto al concepto. Es más, hacerlo con una perspectiva localista, bajo la batuta de la responsabilidad concurrente de departamentos y municipios, como gestores y facilitadores, es algo que se parece mucho a lo que muchos hemos soñado para nuestro país. Y que encima de todo, la responsabilidad sea compartida entre los sectores público y privado/comunitario, con roles bien definidos, es la cúspide de una política bien pensada y planteada.

Hasta ahí todo bien. Lástima que como suele suceder con las buenas ideas, no ha faltado quien meta sus dedos sucios a la salsa, malogrando lo que, en otras circunstancias, hubiera sido una excelente ley. Por ejemplo, se insiste, sin ton ni son, en el error de regular los precios finales de los productos agrícolas, y para colmo hacerlo a través de EMAPA, a pesar de la terrible experiencia de la crisis del azúcar a inicios de este año. No creo que se deba librar por completo el tema a la “mano invisible” del mercado, pero sí que el control y estímulo estatal debería concentrarse en las condiciones de trabajo del productor para que él solo sea competitivo y tenga precios accesibles para su producto. Otro ejemplo de malas decisiones en esta ley es la ambigüedad con la que se trata el tema de los transgénicos, las semillas mejoradas y lo genéticamente modificado, haciendo una ensalada completa de los conceptos que origina falsos debates como el que actualmente se lleva en los medios. Lo dije antes y lo repito una vez más: el problema de los transgénicos no son los transgénicos mismos, que puede ser sometidos a pruebas severas para determinar si son o no dañinos para la salud o el medio ambiente, sino el monopolio que ejercen las grandes empresas de bioingeniería sobre las semillas así desarrolladas, que por más que la ley 144 diga que se prohíbe, son organismos supranacionales a los que no alcanza esta norma.

Acá debo volver a mi habitual pesimismo. Todo, a excepción de estos errores que son, en el contexto de la norma, menores y hasta marginales, suena muy bien, pero temo que va a suceder exactamente lo mismo que pasó con el Plan Nacional de Desarrollo, yla Leyde Revolución Productiva Agropecuaria va a quedar en mera declaración, por la simple y sencilla razón de que no hay quién ponga la plata que se necesita para lograr hacer funcionar esta política. Puras buenas intenciones nomás.

Esteban

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