Liberen a Richard

Posted on 20/07/2011

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Su supuesto documental es malísimo. La forma como lo promovía vilmente sensacionalista. Las acusaciones que lanza se basan en meras pruebas circunstanciales y mucha especulación. En fin, creo que a Richard Romero como periodista le va tan mal como a mí me iría de astrofísico. Y sin embargo, ser un mal productor de un supuesto documental no es delito, ni acá ni enla China. Bueno, enla China sí, donde hay un régimen absolutista. ¡Esperen, entonces en Bolivia también!

Como recuerdo que por ahí en alguna gaveta tengo un título de abogado que no uso desde hace ya años, decidí por este caso tan llamativo desempolvarlo, y tratar de entender mejor lo que está sucediendo en el caso de este señor Romero, ver si tiene algún sentido jurídico y es defendible la posición del gobierno, o si se trata de un caso más de persecución política.

Don Richard Romero vendía, por cierto sin autorización municipal para ejercer el comercio en vía pública, en la calle 21 de San Miguel un DVD titulado “Dictadura Sindical”, en el cual a través de entrevistas, evidencias circunstanciales y mucha imaginación, un poco al estilo de los tabloides americanos o ingleses, se llega a la conclusión de que el señor hermano Presidente del Estado Plurinacional resulta ser el más grande narcotraficante de Bolivia, al ser el presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, estas últimas implicadas según este señor en . Un montón de patrañas, por cierto, nada que alguien con dos dedos de frente pueda tomarse en serio. Un poco como las miles de cosas que se han dicho de muchos, de hecho casi todos, los gobernantes desde 1982. Solo que éste es el primero que se enoja de verdad.

Según las apuradas declaraciones del Ministerio de Gobierno hechas para tratar de justificar la detención del señor Romero, la producción y difusión de este video no es el delito, puesto que la libertad de expresión está constitucionalmente garantizada, al menos según ellos. De hecho, la detención se debió a que al pregonar su DVD para vender las copias que ofrecía, Richard Romero insultó a viva voz a Su Excelencia, tratándolo de narcotraficante y de cobarde. Y eso es, dicen, delito de desacato.

Desacato – “El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años.

Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el Presidente o Vicepresidente de la República, Ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción será agravada en una mitad.” (Código Penal, Art. 162)

A ver si este delito se configura en el presente caso. Calumniar es imputar falsamente la comisión de un delito a alguien, injuriar es simplemente ofender de palabra, es decir insultar. Difamar, en cambio, es difundir por cualquier medio un hecho vergonzoso, pero real. En este caso, estaríamos hablando de las dos primeras figuras. Pero acá el delito imputado a don Evo Morales es en calidad de dirigente sindical, no de primera autoridad del Estado, por lo que estaríamos hablando solamente de injurias contra el Primer Mandatario. Es decir, proferir insultos contra la mayor figura pública del país es, a todas luces, un delito. ¿O no?

El Pacto de San José de Costa Rica,la DeclaraciónUniversalde los Derechos Humanos y otros acuerdos sobre derechos humanos tienen, según la nueva Constitución Política del Estado, rango constitucional. Es decir, están por encima de las otras leyes. En este caso,

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 19)

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar:

a) El respeto a los derecho o a la reputación de los demás, o

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o a la salud o la moral pública.” (Pacto de San José de Costa Rica, Art. 13)

He aquí pues la pregunta de fondo: ¿Hasta dónde la libertad de expresión, declarada como absoluta porla ONUpero relativizada porla OEA, puede afectar el derecho a la dignidad personal de una autoridad pública? Acá no estamos pues hablando de una persona individual que necesita protegerse de una agresión verbal personal, sino de un órgano-persona, el Presidente, que en tanto Estado se defiende de un ataque hecho a Evo en tanto persona. ¿Es esto justo?

En efecto, entiendo que no es para nada lo mismo insultar a un ciudadano “de a pie” que a una autoridad pública. De hecho, la dignidad personal prevalece sobre la libre expresión cuando las facultades son horizontales, pero no ocurre lo mismo cuando la opinión, por más injuriante que sea, es la de un ciudadano sobre una autoridad pública, donde hay una relación de poder sobre el ciudadano. Acá prevalece el derecho constitucionalmente reconocido a expresar y difundir libremente sus pensamientos u opiniones por cualquier medio, esto apoyado por el derecho político de todo ciudadano a fiscalizar a las autoridades, y sobre todo por el deber de denunciar y combatir todos los actos de corrupción, incluso aquellos de los que Richard Romero no tiene pruebas, pues basta con que él y solamente él esté convencido de que sus denuncias son fundadas.

Felizmente las cosas no pasaron a peores, pues el juez determinó correctamente que, siendo un delito de menos de tres años de pena máxima, no correspondía detención preventiva y dispuso fianza y arraigo contra Romero. Ojalá ahora no procesen al juez por prevaricato.

Esteban

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