Das Leben der Anderen

Posted on 31/08/2011

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No creo que hayamos llegado al extremo descrito en la brillante película de Florian von Donnersmarck que inspira el título de la presente entrega, aunque quién sabe. En Bolivia existe una larga tradición de vigilancia y seguimiento a personas sospechosas, no exactamente de algún crimen, sino de conspirar contra el régimen de turno – digámoslo por su nombre, perseguidos políticos. Esta práctica reitero no es nueva, hay muchos casos que uno se entera, pero sobre todo tras haber sido objeto de vigilancia política yo mismo durante el gobierno de Banzer (el segundo, ni siquiera el de los setentas), vamos a plantear la hipótesis no necesariamente demostrable de que así nomás es.

Pero en los tiempos de cambio, revolución democrática cultural, Estado Plurinacional o como quieran llamarlo, estas prácticas, lejos de desaparecer, no solo parecen estar todavía en boga, sino que son admitidos y defendidos a voz en cuello por los mismísimos ministros de gobierno. Clarísimo, y escalofriante, ejemplo es el caso del dirigente de los indígenas del oriente y diputado, irónicamente por el mismo partido que ahora lo persigue, Pedro Nuni. No solamente se ha obtenido, vaya uno a saber por qué medios, una orden fiscal para extraer el registro de llamadas de su celular, gracias a la cual se declaró con todo desparpajo que se sabía que había conversado con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, sin que este dirigente sea siquiera sospechoso de delito alguno, sino que además personal del canal estatal de televisión filmó al señor Nuni en un evento social al interior de su domicilio, sin ninguna orden judicial de allanamiento – que tampoco correspondería para periodistas por más que sean funcionarios estatales.

En ambos casos la directa violación de la privacidad personal con fines estrictamente políticos – descalificar la marcha indígena en defensa del TIPNIS – ha sido abierta y públicamente confesada por el gobierno. Ante tamaña desvergüenza, en un mundo ideal los señores ministros de Gobierno y de Comunicaciones mínimamente deberían ser citados como testigos por la comisión de los delitos de Violación de inmunidades (Art. 136), Uso indebido de influencias (Art. 146), Difamación (Art. 282), Allanamiento de domicilio o sus dependencias (Art. 298) agravado por haberse cometido por funcionario público (Art. 299), todos del Código Penal.

Por mucho, mucho menos se ha encarcelado a varias personas, claro, todas contrarias al régimen. Una prueba más de la absoluta parcialización del sistema de justicia. No me queda la más mínima duda de que estos delitos permanecerán impunes.

Esteban

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