Pena de muerte, moda populista

Posted on 07/03/2012

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Las recientes manifestaciones, por cierto masivas, de los vecinos de El Alto que exigen la pena de muerte para asesinos y violadores no puede, a criterio de este humilde opinador, pasar al triste anecdotario de las movilizaciones sociales bolivianas. Mucho peor, no pueden ser razón suficiente para que el partido que dizqué “gobierna escuchando al pueblo” aplique su ya conocido populismo penal y aproveche del clamor popular por seguridad para justificar sus ejecuciones en plaza pública. Como humanista, me parece aberrante si quiera considerar la posibilidad de semejante aberración. No siendo penalista, temo que mi posición es puramente pasional, por lo que recurro a gente con mayor conocimiento y credibilidad para argumentar mi posición y tratar de provocar un debate más consciente de lo que está en juego aquí

El jurista italiano del s. XVIII Cesare Beccaria defendió la pena de muerte con las siguientes palabras: “no puede considerarse necesaria la muerte de un ciudadano más que por dos motivos. El primero cuando aun privado de su libertad tenga todavía tales relaciones y tal poder, que interese a la seguridad de la nación”… y prosigue… “no veo yo necesidad alguna de destruir a un ciudadano, sino cuando su muerte fuese el verdadero y único freno para disuadir a los demás de cometer delitos; lo que constituye el segundo motivo por el que puede considerarse justa y necesaria la pena de muerte”. Entiendo, por lo percibido de los medios que difundieron la noticia, que es este segundo motivo el argumentado por las organizaciones movilizadas. No obstante, como intentaré demostrar en estas líneas, este argumento resulta falaz. Veamos.

La pena de muerte es inefectiva

El penalista Castellanos Tena manifiesta sobre la pena de muerte que “revela la práctica que no sirve de ejemplo para quienes han delinquido, pues en los lugares donde existe sigue delinquiéndose, además es bien sabido que muchos condenados a muerte han presenciado anteriores ejecuciones”.

El reconocido tratadista Sebastián Soler manifiesta que “no es exacto afirmar que la introducción de la pena de muerte disminuye la criminalidad, ni que en estados abolicionistas la criminalidad sea menor que en los demás. Las variaciones en la criminalidad no son explicables por su relación con la severidad de las penas, el asunto es mucho más complejo. En realidad debe observarse que quienes apoyan la aplicación de la pena de muerte por la función intimidante, no comprueban su hecho, sino que opinan según su parecer, dando por establecido una serie de necesidades genéricas, y latentes, que autorizan al Estado a destruir al individuo”

La pena de muerte es injusta

Hay crímenes atroces respecto de los cuales gran parte de la comunidad estima que sólo pueden compensarse adecuadamente con la muerte del autor. Este simple enunciado hace ver que se trata de una actualización del talión. Se trata de una reacción emocional, de una manifestación del deseo de venganza; no constituye la culminación de un razonamiento. Pasa desapercibido que no puede existir igualdad matemática entre la infracción de la ley y el castigo que esa contravención merece. Suponerlo constituye por si un absurdo, con ese criterio el que violó debería ser violado, el que injurió injuriado y así sucesivamente.

Por otro lado, el hecho de que la muerte se propine luego de un largo proceso de reflexión, inherente a un procedimiento legal, hace que muchas veces sea más cruel ese homicidio oficial que el propio delito que pretende castigar. Efectivamente, los homicidios calificados por premeditación (también habría alevosía en la ejecución legal) no son muy frecuentes. El delito violento generalmente se produce en el curso de una pelea o como consecuencia del estallido de una crisis emocional. Al revés, el condenado a muerte ve su propia desaparición programada con exactitud, el día, la hora el lugar y el modo. Al mismo tiempo sabe que carecerá en absoluto de la posibilidad de defender su vida en el instante en que le sea arrebatada.

Esa sensación de impotencia ante el destino inexorable constituye por sí un martirio igual o peor al de la misma agresión física. Si es cierto que la muerte legal puede ser proporcionada sin dolor y rápidamente mediante el uso de medios modernos, el dolor físico será infinitamente menor a la agresión psíquica, saber que ello irremediablemente acontecerá y que el condenado ya no cuenta como persona. En al jerga de los verdugos quien va a ser ajusticiado puede ser nombrado de diversas maneras; a veces se lo nombra como “el paquete” y no es del todo desacertado tratarlo así, pues ha dejado de tener personalidad para transformarse en una cosa, destinada a desaparecer a plazo fijo. Para el verdugo el condenado sólo vale en la medida de las muchas o pocas dificultades físicas que supone esa eliminación.

La propia vida del autor es un bien jurídico en él siempre y cuando exista. En el momento en que se corta el hilo vital desaparece el titular; de manera que el matar no puede ser una pena porque no recae sobre el bien jurídico cuyo goce corresponde al condenado. El matarlo lo aniquila, y en el momento en que lo hace ya no puede afectarlo. Perjudica en realidad a terceros, a los familiares del ejecutado o a quienes están unidos a él por lazos de afecto.

Mario Ruiz Funes también se pronuncia en contra de la pena de muerte, al expresar que “la aplicación de la pena de muerte no termina con su crueldad cuando se extingue la vida de quien fue condenado, pretende también causarle daño moral, que sobreviva su mera memoria y el recuerdo que pueda quedar de el en la conciencia delictiva. Además inflingirle la muerte, se le castiga con la infamia”

La pena de muerte es discriminatoria.

A menudo, la pena de muerte se emplea de forma desproporcionada contra la población pobre, las minorías y las personas pertenecientes a grupos raciales, étnicos y religiosos menos numerosos. En algunos países se utiliza como arma de represión: una forma brutal y rápida de silenciar a la oposición política.

Raúl Carranca y Trujillo, dice que “la pena de muerte es… radicalmente injusta e inmoral, porque el contingente de delincuentes que estarán amenazados de condena judicial de muerte se compone en su gran generalidad, de hombres económica y culturalmente inferiorizados; los demás delincuentes, por su condición económica o social superior no llegan jamás a sufrir proceso y menos llegarían a surgir la irreparable pena; pero además el delincuente de otras clases sociales delinque contra la propiedad y solo por raras excepciones contra la vida e integridad personales, y jamás tendrían como consecuencia la pena de muerte. Por lo tanto, esta pena se aplicaría casi exclusivamente a hombres humildes; delincuentes éstos que son victimas del abandono que han vivido por parte del Estado y la sociedad, victimas de la incultura, de la desigualdad y miseria económica, de la deformación moral de los hogares donde se desarrollaron… El Estado y la sociedad entera son los principales culpables de esto, y en lugar de la escuela de la solidaridad que los adapte a una vida social digna y elevar el nivel económico de la población, el Estado opta por suprimir la vida”

La pena de muerte es irreversible

Podrá decirse que la posibilidad de error es mínima y que el error puede surgir en cualquier acción humana. Que también las molestias de un proceso e incluso un encarcelamiento prolongado injusto no se pueden reparar, aunque haya formas de compensarlas. Pero ejecutar a un inocente es una acción final. El descubrimiento posterior de su inocencia será una carga muy pesada en la conciencia de la sociedad que permitió tamaña equivocación. A veces circunstancias fortuitas influyen para que la decisión de aplazar el ajusticiamiento no llegue a tiempo. El 15 de marzo de 1975 fue ejecutado un asesino en California. A las 11:18 aspiró las primeras bocanadas en la cámara de gas y a las 11:20 el secretario de la Comisión de Indultos llamó por teléfono para anunciar que había un cambio en el dictamen y que se debía conceder la gracia. Una serie de problemas de comunicación impidieron conocer a tiempo la noticia y cuando se retiró al reo de la cámara era demasiado tarde. Cualquier otra pena hubiese permitido materializar el cambio de criterio, la muerte no deja ninguna posibilidad.

La pena de muerte viola los derechos humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, reconoce el derecho de toda persona a la vida (artículo 3) y declara de forma categórica que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 5). La condición de Ser Humano es irrenunciable e inherente a la existencia misma de la persona, por lo que el haber violado los derechos humanos de otro o varios otros no puede implicar el haber renunciado a los propios. Inversamente, si se considera cruel y degradante el homicidio violento, resulta moralmente injustificable que el mismo acto sea considerado aceptable, o peor, recomendable, cuando proviene del Estado.

Esteban

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