A ver quién los entiende

Posted on 11/04/2012

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El reciente anuncio de Su Excelencia de la anulación del contrato de construcción de la carretera Villa Tunari-Isiboro Sécure suscrito con la empresa brasileña OAS ha dejado a más de uno, el autor de estas líneas entre ellos, en completa confusión. La machacona insistencia del gobierno en proseguir esta obra contra viento y marea – léase, contra la voluntad de la mayoría del pueblo boliviano – parece estar en directa contraposición con esta reciente decisión. A ver quién los entiende.

Desde un punto de vista meramente especulativo, se pueden interpretar muchas cosas de esta decisión. El argumento del gobierno es que no se ha avanzado con suficiente rapidez en las obras, cuando todo el mundo sabe que los atrasos no son, al menos en buena parte, atribuibles a la empresa. Precisamente los líos en los que se metió el gobierno y de los que no parece estar pudiendo salir son la principal causa para el atraso, o al menos la que muy fácilmente podrá alegar OAS al momento de impugnar esta decisión. Ergo, salvo que el Presidente esté realmente muy mal asesorado, esta parece ser solamente una excusa.

¿Qué otras razones pueden haber llevado a Evo a tomar esta decisión? Por una parte, las sospechas, denunciadas con insistencia por el MSM, de corrupción en el proceso de contratación de la empresa para este trabajo. Dejar sin efecto el contrato puede distraer la atención sobre el hecho de haber contratado sin las mínimas condiciones legales previas, permite liberar de responsabilidades a la cúpula (dejando como únicos responsables a los mandos medios, como se estila en estos casos) mediante la no consumación del daño económico, en fin, convertirse en un monumental “yo no fui”.

Por otro lado, o quizás adicionalmente, la ruptura del contrato ayuda a atascar, por así decirlo, la novena marcha indígena que ya está en ciernes. Incluso reiniciándose la relación tras un proceso de impugnaciones administrativas, administrativas o judiciales, al momento de realizarse la marcha el gobierno tendrá la excusa perfecta para desmerecer la marcha: ¡de qué están protestando, si ya no se está construyendo nada! Incluso con una de esas gambetas de relaciones públicas en las que son tan hábiles nuestros estimados gobernantes, pudieran llegar a convertir el proceso de contratación de una nueva empresa, a raíz de esta rescisión, en la explicación de porqué la consulta ex-post establecida por la infame Ley 222 en realidad es una consulta previa, una “regularización” encargada a los abogados como de manera descarada se anunciara en un discurso presidencial hace algunos años y ratificada hace poco cuando Evo se proclamó infalible como el Papa.

No obstante, será de esperar una reacción desagradable del gobierno brasileño. Por muy amiga que sea doña Dilma, OAS es demasiado poderosa como para que no presione a su gobierno para que la defienda, mucho peor si lo que está en juego son más de 200 millones de dólares.

Por cierto, revisados los periódicos brasileños más importantes de la fecha (11/04) no hay referencia alguna al tema, parece que en Brasil todavía no se han enterado.

Esteban

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