Marchas: De la política su duro

Posted on 25/04/2012

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No es secreto para nadie que La Paz ha sido sistemáticamente asechada por marchas, bloqueos, movilizaciones variopintas y a veces hasta imaginativas. El expediente fácil es quejarse, no ver o no comprender los motivos de la constante turbulencia social en la que vivimos y exigir que alguien “ponga orden”. Por suerte, a este humilde opinador nunca le ha gustado lo fácil, siendo necesario escarbar mucho más profundo para comprender el porqué de esta permanente zozobra.

Bolivia es un país que tiene, entre sus muchos problemas, una institucionalidad patológicamente débil. Los cambios constitucionales y las variaciones en los nombres de las cosas no han logrado, hasta ahora, cambiar esa realidad. Todo lo contrario, si algo ha logrado el gobierno del hermano Evo ha sido debilitar e incluso destruir las pocas instituciones sólidas de nuestro país. En ese contexto, los bolivianos nos sentimos permanentemente abandonados, por no decir traicionados, por nuestros representantes electos, lo cual ha motivado ha hace más de diez años que se cuestione la esencia misma de la Democracia Representativa, sin que hasta ahora se haya logrado hacer nada para remediar el problema. He aquí el primer factor que explica la manía de expresar nuestras demandas y anhelos políticos en las calles: si nadie me lo va a reclamar, no me queda otra que reclamar yo mismo. Pero este es solo uno de varios elementos.

El segundo es un poco más complejo, y tiene directa relación con la credibilidad y apoyo del gobierno de turno. Los primeros años de gobierno masista han demostrado que cuando el gobierno tiene un fuerte respaldo popular, las movilizaciones no cesan pero se debilitan enormemente. Es más, el hermano Evo se podía dar el lujo de, en lugar de resolver las demandas de quienes se sentían excluidos del “proceso de cambio”, atacar, denigrar y ningunear su protesta, ante la sorna y el aplauso de las masas que lo apoyaban. Por desgracia para él, y para quienes nos gusta vivir y trabajar en paz, esa alta popularidad ya no es más, por un simple y natural proceso de desgaste político acelerado por las torpezas e incompetencias de un aparato estatal lleno de improvisación, y sin embargo el Jefazo sigue usando los mismos métodos de denigración y calumnia para tratar de zafar del asunto, sin darse cuenta que lo único que logra es hundirse más. La soberbia ha sido, es y será siempre una pésima consejera. Peor cuando esta soberbia se dirige contra quienes alguna vez fueron sus aliados.

El tercer factor deriva naturalmente del segundo: Las promesas incumplidas, la inefectividad de la “revolución democrática” que poco o nada ha cambiado en realidad, el desaprovechamiento de los años de bonanza internacional, el agravamiento de nuestra “enfermedad holandesa” y la traición de determinados ideales que constituían la justificación histórica del MAS (ambientalismo, indigenismo) han acelerado hasta el frenesí el desgaste de la imagen del Presidente. Su manía ya incomprensible de pelearse con todo el mundo, amigo o enemigo, aliado u opositor, y la reducción del círculo de confianza a quizás un millar de personas no solo alejan al MAS de los objetivos históricos que el pueblo boliviano les trazó entre 2005 y 2009, sino, y probablemente de manera más preocupante, lo alejan de una lectura acertada de la realidad. Repetidamente y con insistencia el gobierno ha subestimado ciertas demandas y a los actores detrás de ellas, pensando erróneamente que gracias a que ellos son los dueños absolutos de la razón y la verdad esas demandas se apagarían rápidamente. Ocurrió con el gasolinazo, con el TIPNIS y ahora con el paro médico.

El cuarto y último factor, que es uno que raras veces resulta visible a pesar de que es absolutamente estructural, es la ausencia casi absoluta del Poder Judicial en la resolución de los conflictos. He sostenido en el pasado, y lo ratifico ahora con más fuerza que nunca, que la enorme mayoría de los problemas podrían resolverse en estrados judiciales probos, honestos, imparciales, confiables y creíbles. Los líos de límites entre municipios, provincias o departamentos, los problemas de constitucionalidad de carreteras que parten TCOs en dos, los líos de despidos indirectos por aumento de horas trabajadas sin compensación monetaria, incluso los problemas emergentes de las faltas de servicio podrían resolverse si las partes en disputa someten sus alegatos y pruebas a un juez y un tribunal que decida la solución legal y justa, y ambas partes acatan el fallo. El gobierno podría concentrarse en resolver el tema del aumento salarial, que eso no es un tema judicable, y no partirse en 20 para atender las 20 diferentes demandas sectoriales simultáneas. De nuevo, el régimen masista perdió una gran oportunidad de lograr construir esa institucionalidad, al politizar la elección de jueces, quitarle competencias al poder judicial y para colmo llenar los tribunales de personas incompetentes, más valiosas por su lealtad partidaria que por su capacidad profesional.

Esteban

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