La Laguna del Cóndor: Entre manipulaciones, medias verdades y un cambio radical de postura

Posted on 13/06/2012

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No es pues lo mismo. No es lo mismo defender el medio ambiente, el patrimonio de todos los bolivianos y el derecho de los pueblos a decidir su futuro, que son en realidad los temas de fondo de la lucha por el TIPNIS, que lo que sucede en Mallku Quta. Aunque intereses no muy claros tratan de equiparar ambos temas, aunque se trata de relacionar la dirigencia del movimiento de los comunarios de la zona con la marcha indígena.

Debo decir que no apruebo, es más, condeno abiertamente las prácticas que pusieron en efecto los comunarios de Mallku Quta, basadas en la violencia y el amedrentamiento, por más que la causa que defienden sea justa. Y justa es, al menos en el discurso. En efecto, uno no se explica cómo, una vez más, el gobierno defiende a capa y espada la explotación de recursos naturales por empresas transnacionales, en una posición diametralmente inversa a su discurso populista y ultranacionalista. Y sin embargo, la cosa no es tan simple.

En los hechos, estos supuestos “comunarios” no son otra cosa que mineros clandestinos, jukus, personas que extraen ilegalmente, sin control y sin ninguna medida de mitigación de sus crímenes ambientales, minerales cuyos precios están por los cielos, en especial el oro, que es depurado con mercurio en el mismo sitio, echando luego este metal líquido a la Laguna del Cóndor, que le da el nombre a la localidad. Acá, aunque las comparaciones suelen ser odiosas, hay que hacer una balance de ventajas y desventajas de tener una empresa formal, regulada y con responsabilidades ante el Estado pero que se lleva la mayor parte de la ganancia a su sede, en este caso Canadá, o tener a una serie de mineros clandestinos, informales y sin ninguna responsabilidad, pero que al menos generan riqueza para los pobladores del lugar.

En cualquier caso, decir que estos señores no son ningunos angelitos no es necesariamente darle la razón al gobierno. Es evidente que la causa primaria de este entuerto es precisamente la falta de actuación de éste, lo que los franceses llaman “faute de service”. Uno, por no impedir ni fiscalizar la explotación clandestina de los yacimientos mineros. Dos, por de nuevo no cumplir el artículo 30 numeral 15 de la Constitución Política del Estado que ellos mismos promovieron y promulgaron. Y tres, por esperar a que estalle el conflicto para recién reaccionar y tratar de resolverlo, cuando, una vez más, era un tema evitable y administrable si se actuaba a tiempo.

Esteban

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