Ministerios vemos, funcionarios no sabemos

Posted on 28/11/2012

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El muy reciente escándalo que ha salido a la superficie y que involucra al menos a una docena de funcionarios entre fiscales, abogados del Ministerio de Gobierno, agentes de DIRCABI y miembros del Ministerio de la Presidencia abre un nuevo episodio, quizás uno de los más importantes, en el largo prontuario de los pecados de la corrupción pública. Mientras el gobierno se llenaba la boca con cuentos inventados y persecuciones de fantasmas, aplicaba retroactivamente leyes penales recientemente creadas para perseguir a los enemigos del régimen – práctica felizmente ya declarada inconstitucional al ser una evidente violación de los derechos humanos – y denigraba a la gente por su origen, opinión política o participación en gestiones anteriores en lugar de investigar actos independientemente de la identidad del sujeto como manda la Ley, los mismísimos funcionarios encargados de esta “guerra sucia” contra toda persona que tenga el más ligero tufillo a opositor se habían estado llenando los bolsillos con el fruto de extorsiones y la venta a título propio de los bienes incautados a estos supuestos “delincuentes”.

Semejante escándalo levanta muchas, muchísimas preguntas. ¿Cuánto sabían de esto el actual y los anteriores ministros de Gobierno, incluyendo a Rada y Llorenti? ¿Por cuánto tiempo se mantuvo esta práctica? ¿Cuántas personas cayeron víctimas de esta mafia incrustada en el aparato persecutor  del gobierno? ¿Qué participación tuvo Juan Ramón Quintana en estas prácticas? ¿Cuántos fiscales más tuvieron que ver con esto? ¿Hubieron – han tenido que haber – jueces involucrados? Y para ir incluso más allá, ¿cuál es la verdadera intención detrás de la inconstitucional Ley de Extinción de Dominio de Bienes en la que tanto se ha emperrado el gobierno, al punto de generarse un desagradable encontrón entre el propio Ministro de Gobierno y la Presidenta de la Cámara de Diputados, elegida por el mismo partido de gobierno?

Los esfuerzos del gobierno por mostrarse ahora duros y radicales contra la corrupción en su propio seno no son señal suficiente de arrepentimiento. Un chivo expiatorio puede salvar la reputación de los jefes, que escandalizados tomaron medidas drásticas al enterarse de la existencia de la manzana podrida. Pero doce chivos expiatorios en el mismo caso no dan otra señal que no sea la de encubrimiento, pues al ser una operación tan grande los jefes tenían que haber sabido algo, o al menos sospechado. Nadie es tan ingenuo. Algo similar pasó con el ministro de Lula da Silva, José Dircéu, condenado al final a 11 años de cárcel por complicidad con una banda similar de chantajistas incrustados en el gobierno – y si el escándalo no salpicó al propio Lula fue por un acuerdo político que permitió que se lo excluya del juicio. Tuvieron que pasar cuatro años entre el descubrimiento de la banda en cuestión y la condena al Ministro, pero ocurrió. No se extrañe el caro lector de que algo similar ocurra en dos, tres, diez o veinte años. Después de todo, los delitos de corrupción hoy en día son imprescriptibles, irónicamente por disposición de este mismo gobierno.

Esteban

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