Contra viento y marea

Posted on 09/01/2013

0


tipnis-gundonoviaEs que es una cuestión de saber leer y, con suerte, entender lo que se está leyendo. La Sentencia Constitucional 300/2012 lo dice con absoluta claridad, más allá de toda duda, interpretación o cualquier tipo de “pero”. Para que la consulta expost sobre la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos sea constitucional, se tiene que contar con el consenso previo de todas las comunidades del TIPNIS y se debe garantizar la buena fe de la consulta. La chapucera “consulta” realizada, y esto no lo digo yo, sino tanto el informe conjunto de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que tal vez tenga un dejo de parcialización con los indígenas del parque, como el informe del Órgano Electoral Plurinacional, que está, más allá de cualquier duda, claramente comprometido con el “proceso de cambio”, no ha contado con tal consenso, y se ha realizado de mala fe.

¿Por qué? Porque once de las 69 comunidades identificadas no han participado en absoluto, destruyendo con ello el falso argumento del consenso (“Consenso: Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos” DRAE). Porque el gobierno actuó de mala fe, tanto por las prebendas y obsequios que “casualmente” han llevado a las comunidades, por la inclusión en la consulta de comunidades inexistentes (¡una de ellas solo tiene dos habitantes!) y comunidades de colonos que no pueden pues acogerse a un derecho exclusivamente originario, pero sobre todo porque a las comunidades del TIPNIS se les preguntó de todo excepto si desean o no que la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos parta el parque Isiboro Sécure en dos, que es el fondo del asunto.

En efecto, desde el inicio de la VIII Marcha en agosto del 2011 la dirigencia indígena ha puesto muy en claro que no se oponen a la construcción de una carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos ni en contra de la integración caminera del país, y que su lucha es por evitar que la construcción de dicha carretera afecte y ponga en riesgo el TIPNIS al abrir las puertas para oleadas de colonos, especialmente cocaleros. El mensaje ha sido claro y consistente todo este tiempo, y cualquier intento por tratar de hacer decir a los dirigentes indígenas lo que nunca han dicho es pura maniobra política. Prueba de que esa posición manifiesta es que de las 58 comunidades “consultadas”, al menos 35, es decir el 60%, según el informe del propio OEP, pone condiciones de fondo a la aceptación de la carretera. Es decir, la posición sigue siendo exactamente la misma.

Pero todo lo previamente dicho es, por desgracia, desperdicio de tinta. El gobierno hará su carretera por el medio del TIPNIS a como dé lugar. Lo ha demostrado una y otra y otra vez, y no hay argumento, medida de presión o pataleta alguna que pueda hacerlos retroceder. Ni siquiera tendrá efecto alguno recordar el artículo 179 bis del Código Penal Boliviano, modificado precisamente por disposición de la actual gestión de gobierno y promulgada de puño y letra por don Evo Morales Ayma: “La Servidora, Servidor Público o personas particulares que no cumplan las resoluciones, emitidas en acciones de defensa o de inconstitucionalidad, serán sancionadas o sancionados con reclusión de dos a seis años y con multa de cien a trescientos días.” (Disposición final cuarta de la Ley 254 de 5 de julio de 2012).

Y eso que ni siquiera vamos a mencionar los cuestionables tipos penales de “Incumplimiento de deberes” y “Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes” de los cuales me declaro abiertamente enemigo por no cumplir la definición básica del delito como “acción típicamente antijurídica y culpable”. Pero eso es harina de otro costal.

Esteban

Anuncios