Los escaños, siempre los malditos escaños

Posted on 08/10/2013

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chacota parlamentariaNuestra visión criolla y regionalista de la política nacional nos ha llevado a creer, por alguna razón que no logro explicarme, que a mayor cantidad de diputados que tenga un departamento mayores posibilidades tiene éste para su desarrollo. Creo que algo entiendo de desarrollo territorial, y juro que no encuentro una sola explicación lógica que explique esta extraña correlación. Tal vez, forzando realmente mucho la figura, el silogismo de los dirigentes cívicos regionales es que, como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz tienen mayor desarrollo, tienen mayor población, y los mismos departamentos por tanto tienen también mayor representación en la Asamblea Plurinacional, ergo los países con más desarrollo son los que tienen más diputados. Obviamente, acá nadie se ha preguntado la relación de causalidad del silogismo. Me recuerda cierto chiste de gallegos y peceras…

Pero como insiste mi querido amigo Blas Urioste, Bolivia no es un país lógico ni racional, más bien todo lo contrario, y por tanto siempre resultará incomprensible para un racionalista de escuela cartesiana como quien escribe estas líneas. La consecuencia es que, como ocurre con cierta regularidad, hoy tres departamentos están en pie de guerra porque cada uno perdió a un diputado, como consecuencia de los resultados del último Censo de Población y Vivienda.

Normalmente, estas pataletas no suelen tener mucha consecuencia, y al final se logra una fórmula más o menos consensuada por la que se redistribuyen los escaños en base a criterios de población, como corresponde. Pero lo grave de esta nueva eclosión regionalista es que el cálculo se ha basado en los resultados de un censo muy fuertemente cuestionado y de bajísima, si es que no nula, credibilidad. Habiéndosele caído el –en otras oportunidades irrefutable– argumento de la baja proporción de la población asentada en los departamentos que no son del eje central, el gobierno hoy se las ve en figurillas para poder apagar el incendio, especialmente frente a la batalla que está librando Potosí, otrora enclave del MAS y ahora más autonomista que Santa Cruz. Y el gobierno va a tener que negociar sin tener argumentos realmente sólidos.

Sin embargo, acá hay que hacer una diferenciación fundamental. Una cosa es disputar recursos de inversión pública que hoy ya no son tan escasos, y tratar de cambiar las lógicas perversas por las que hoy se asignan estos recursos a las autonomías territoriales, para que su distribución sea más justa y permita atender de mejor manera las enormes necesidades de la gente, y otra cosa muy distinta son las peleas mezquinas por tener un cargo electivo más o uno menos. Considérese lo siguiente: a diferencia de muchos otros países Latinoamericanos, en Bolivia ningún departamento tiene una mayoría significativa de población por sí solo, por lo que ninguno tiene un peso tan fuerte en la Asamblea Plurinacional como para inclinar la balanza a su favor o bloquear las aspiraciones de los demás departamentos. Como muestra basta un botón: por todos los años que La Paz ha sido el departamento con mayor población y con mayor representación parlamentaria, también ha sido sistemáticamente el departamento con menos leyes regionales aprobadas. Segundo, considérese que las famosas leyes regionales no son más que simples buenas intenciones que por lo general solo declaran prioridad nacional uno u otro proyecto. Hay tantas de estas leyes que la dichosa prioridad no tiene ya contenido alguno, pues casi todos los grandes proyectos existentes se han declarado prioridad y no pasa nada. Finalmente, considérese que si bien Bolivia es un país “unitario con autonomías”, tiene un sistema bicameral como suele suceder más bien con los países federales, con un senado donde la representación territorial, y no poblacional, es exactamente igual para los nueve departamentos. Corresponde constitucionalmente a ese Senado, aquí o en cualquier otro país con este sistema, llevar la iniciativa de la representación territorial, expresada en proyectos de ley, instrumentos de fiscalización y mecanismos de diálogo con sus instituyentes, los electores de cada región.

Esteban

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