Urgente: en defensa de la democracia

Posted on 22/03/2015

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Así es la cosa… El Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad del Órgano Electoral y cuyas decisiones son definitivas e inapelables, acaba de cancelar la personalidad jurídica de la alianza Unidad Demócrata, que postulaba a Ernesto Suárez a la gobernación del Beni (región en la que nunca pudo ganar el MAS) y a otros 227 otros candidatos locales (a la asamblea departamental, a alcaldes de los municipios benianos y a concejales), eliminando de un plumazo al frente político que lideraba en las encuestas e incluso convirtiendo al MAS en partido único en varios municipios de esa región.

El TSE aplicó, a letra muerta, el artículo 136 de la Ley del Régimen Electoral, que establece que, y cito textual: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas (…) con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”. ¿Fue entonces una decisión legal y correcta? No. Veamos por qué.

El TSE era incompetente para cancelar la personería de UD

La norma establece que la instancia competente para establecer sanciones por la violación a las reglas sobre encuestas es el Tribunal Departamental Electoral en el caso de elecciones departamentales y municipales, como ésta. El TED del Beni declinó expresa e inequívocamente pronunciarse sobre la cancelación de la personería. Nadie apeló esa decisión, versando ambos memoriales de apelación, tanto la de UD como la de Carmelo Lens únicamente sobre el establecimiento de una multa de Bs. 8000 impuesta por la supuesta difusión de encuestas propias. El TSE actuó de oficio y ultra petita (más allá de lo solicitado), y peor aún, empeorando la situación del sancionado, violando todas las reglas procesales que existen en materia de apelación. Un tribunal de apelación sólo puede confirmar o dejar sin efecto la resolución de primera instancia, y no tiene habilitación jurídica para pronunciarse sobre algo que no está en cuestión, mucho menos para sancionar más drásticamente a quien apeló. Por cierto, la denunciante no ha apelado la resolución del TSE ni pidió otro pronunciamiento acerca de la cancelación de la personería de UD.

El sujeto procesal no está claro

Las declaraciones por las cuales se ha sancionado tan drásticamente a UD fueron hechas por Carmelo Lens, actual Gobernador del Beni y presidente de esa agrupación política. Hasta donde he podido revisar los antecedentes, no está claro en qué capacidad hizo las declaraciones el señor Lens, pero en todo caso no lo hacía como candidato a absolutamente nada. Acá es donde las reglas electorales son difusas. Si Evo Morales hace declaraciones sobre las elecciones subnacionales, ¿las hace como Presidente del Estado o como líder del Movimiento al Socialismo? En el primer caso, es legítimo que se pronuncie sobre las reglas de juego, las medidas de seguridad para el día de elecciones, o incluso qué hará él ese día, pero, ¿es legítimo que haga proselitismo, o incluso coacción? Probablemente no. Dicho esto, el máximo dirigente del MAS sí podría hacer proselitismo. ¿Dónde está la línea que los divide? ¿Y no aplicaría la misma regla para el Gobernador del Beni? Si aplica el mismo principio, y Lens llamó a conferencia de prensa para hablar de otros temas pero salió el tema de las encuestas, ¿quién habló, el representante legal de UD, o el Gobernador del Departamento? Esto es vital, pues la sanción del Art. 135 refiere solamente a partidos políticos, y no dice nada sobre autoridades del Estado.

El TSE viola el principio de igualdad en el ejercicio de la democracia

La resolución del TSE que cancela la personería de UD dice claramente que lo que importa es el hecho de la difusión de datos de encuesta preelectoral, y que el medio, la contratación o no, u otros elementos circunstanciales no tienen importancia. No obstante, el TED de La Paz en casos muy similares, en los que los candidatos al Concejo Municipal Jorge Silva y Sebastián Michel, ambos difundieron encuestas propias encargadas por el MAS, señaló “El TED de La Paz determinó rechazar la misma, puesto en el caso presente solo se menciona el periódico Pagina Siete, algunos datos y no consta un documento que el partido político haya contratado una empresa encuestadora para realizar una encuesta formal, por lo tanto no hay prueba suficiente para sancionar “. Por supuesto, el TSE no se ha pronunciado sobre el tema, ni mucho menos ha contradicho la posición del tribunal de primera instancia.” Si la aplicación de la ley es tan estricta en un caso, ¿no debería serlo en todos? La propia ley electoral señala expresamente que todos los bolivianos de forma individual y colectiva gozan de los mismos derechos políticos. Como en el libro de Orwell, parece que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros.

El TSE no considera el bien jurídico superior

La cancelación de la personería de UD implica negar el derecho fundamental de 228 ciudadanos de postularse a cargos públicos electos. Esta es una directa violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto de San José y a la Constitución Política del Estado. La justificación del TSE está en una interpretación a letra muerta de una ley que, es cierto, por más cuestionable que sea, está vigente. Ahora bien, el cumplimiento al pie de la letra de la Ley del Régimen Electoral, o incluso el cumplimiento al principio doctrinal de que las encuestas de intención de voto no pueden ser utilizadas para persuadir a los ciudadanos de votar por una opción determinada, no son bienes jurídicos más importantes que los principios fundamentales de soberanía popular, igualdad, representación, pluralismo político, y publicidad y transparencia, todos éstos principios declarados al inicio de la propia Ley del Régimen Electoral y que quedan transgredidos con la eliminación completa de un frente político a menos de dos semanas de las elecciones. En particular, se viola el principio esencial del pluralismo, pues en varios municipios del Beni solamente se habían inscrito como contendientes dos frentes políticos: UD y el MAS, con lo cual en estos municipios el MAS queda como partico único.

El TSE no revisó las pruebas presentadas

De la manera más cínica, la resolución del TSE dice, no una sino tres veces, que no ha considerado las pruebas de cargo y descargo presentadas en la primera instancia, y da por bien hecha la valoración de la prueba realizada por el TED. No sé si alguien podría señalarme la norma que dice que la apelación en materia electoral es de puro derecho, y aún si lo fuera, significa solamente que en su procedimiento no se pueden aportar nuevas pruebas, no que no se tiene que revisar lo que hizo el tribunal de primera instancia. Si eso fuera así, ¿cuál sería el punto de apelar? Era obligación del TSE volver a valorar la prueba, y pronunciarse expresamente sobre esa valoración en la argumentación de su resolución. En las 12 páginas de la resolución, no hay una sola mención a las pruebas presentadas, su valoración y validación, su análisis o su desestimación, incumpliendo así un deber procesal fundamental y sin el cual todo el procedimiento pierde sentido y propósito.

No es la primera vez, ni mucho menos

La Resolución TSE-RSP N° 228/2015 es el último, y probablemente el más grave, pero ciertamente no el único de los pecados cometidos por el tribunal electoral desde hace ya varios meses. Tanto las elecciones nacionales del 12 de octubre pasado como estas elecciones subnacionales han estado plagadas de errores, resoluciones infundadas, actos de injusticia flagrante, e incluso un caso de racismo que lastimosamente pasó desapercibido. A estas alturas, no creo que haya una sola persona en su sano juicio que crea que el TSE es imparcial. La resolución de marras, por grave que fuese, no causaría el revuelo que causó si hubiera alguna confianza en sus vocales. Incluso la aplicación de la ley como fue ahora aplicada sería algo muy respetable si se la hubiese aplicado con el mismo rigor en los casos en los que fue el MAS quien violó las reglas. Pero con una insistencia que no he visto nunca antes, una y otra y otra vez, sistemáticamente y sin errores ni excepciones, ni siquiera para disimular, el TSE falla en contra de los partidos de oposición y a favor del partido de gobierno, independientemente del caso, de las pruebas o de la flagrancia. Hay muertos habilitados en el padrón, circunscripciones donde hubieron más votos que votantes inscritos, inhabilitaciones sospechosas. El candidato Mendoza insulta al candidato de oposición que lidera en la intención de voto en La Paz y el TSE dice que no pasa nada. El Presidente inaugura obras con candidatos flaqueándolo, y el TSE lo permite. Los candidatos del MAS usan autos, equipos y oficinas del Estado para hacer propaganda, y el TSE bien, gracias.

No es posible llevar adelante una elección con semejante tribunal. Con un árbitro así de abiertamente parcializado no hay democracia que aguante. Para muchos esto no parece grave, pero las consecuencias las pagaremos más adelante. Ha llegado el momento de exigir que esto pare. Las elecciones del 28 de marzo no van a tener ninguna credibilidad. La democracia está herida de muerte, y la única esperanza es exigir la renuncia de Wilma Velasco, Wilfredo Ovando, Fanny Rivas, Ramiro Paredes, Irineo Zuma, Marco Ayala y Dina Chuquimia, la Banda de los Siete.

Esteban

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