El Palacio de Injusticia

Posted on 03/02/2016

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Au_palais_d'injustice_(Père_Peinard)Joaquín Navarro se robó este título para un libro fundamental para la democracia española, de la sección judicial del periódico anarquista Le Père Peinard. Yo me lo robo de vuelta.

Uno de los componentes más fundamentales de un Estado de Derecho, mucho más de un Estado Social de Derecho como nos declara el Artículo 1 de nuestra CPE, es que las leyes están por encima de las personas. Ahora bien, admitámoslo, esto es mucho más raro en el mundo de lo que quisiéramos creer. Falencias en los sistemas de justicia existen hasta en los países más desarrollados, y los casos de personas intocables se presentan en Bolivia como se presentan en Suecia o en Canadá. No voy a hablar en esta ocasión de estos extremos, que son tela para otro saco.

No, de lo que quiero hablar en esta ocasión es algo mucho más pedestre, más cotidiano, que nos afecta a todos de manera mucho más directa. La crisis del sistema judicial en Bolivia va mucho más allá de la persecución o falta de ésta respecto a los más poderosos políticos o a los más adinerados empresarios. Afecta al conductor de un vehículo que tuvo la mala suerte de verse implicado en un accidente. Afecta a la mujer que intenta divorciarse del marido abusivo. Afecta al campesino en el Chapare que por ganarse unos pesos extra o porque lo extorsionaron accedió a pisar coca. Afecta al vecino al que le movieron los linderos de su terrenito. Afecta al deudor moroso que no pudo pagar su préstamo porque no anticipó que además de intereses debía pagar comisiones, impuestos a las transacciones financieras, courriers y formularios. Afecta al microempresario que cometió un error aritmético en la elaboración de sus libros contables. Afecta al que pagó un anticipo por un trabajo de construcción que nunca le realizaron. Y ni qué decir de las personas que se ven implicadas, independientemente de sus circunstancias y su culpa, en procesos penales. Te afecta a ti. Me afecta a mí.

El problema va mucho más allá también de la inexistencia de una justicia imparcial. El problema parte de una grave falta de acceso a la justicia. En vez de resolverlo, los gobiernos consecutivos, este y los anteriores, han ido desviando el tema hacia el ámbito administrativo, por el cual es el Órgano Ejecutivo, no el Judicial, el que imparte justicia – o dice que la imparte, porque no ha resuelto nada: en vez de que el que te extorsione sea un juez o un fiscal, es un funcionario de la renta o de la policía, que por cierto probablemente nunca ha estudiado ni primer año de Derecho. Pero aún más grave, los costos de acceder a la justicia son simplemente prohibitivos. No hablo de los costos legales, que también los hay: timbres, legalizaciones, tasas… Hablo de otros costos mucho más graves, desde el auspicio del abogado que te tendrá retenido por años pagándole el sueldo sin resultados concretos, hasta las coimas y compras de favores a los operadores de toda la estructura, desde el costo en cantidades increíbles de tiempo perdido, idas y venidas, audiencias que se suspenden sin mayor motivo, plazos que nadie cumple, destrozo de nervios y cocciones de hígado, hasta costos colaterales en sufrimiento de la familia, tensiones irresueltas, horribles peleas entre hermanos, y una lista sin fin de costos colaterales que nadie cuantifica.

Estamos acostumbrados a que esto sea así. Algunos han optado por la justicia por mano propia, lo cual no hace más que agravar la falta de Estado de Derecho. Otros simplemente se han resignado a sufrir los abusos y tratar de soportarlos de la mejor manera. Y todo esto está tan normalizado que incluso en la facultad le enseñan a los futuros abogados que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Probablemente porque los buenos juicios no existen.

El 2009, hemos puesto el último clavo al ataúd: no solamente ahora los magistrados son políticos que compiten por tu voto, lo cual ya es gravísimo, sino que hemos cometido un pecado aún mayor: nos hemos sometido a un Estado todopoderoso, que todo lo incluye, que no tiene contraparte alguna, que está por encima de la Ley, a la que ha convertido en el instrumento de ejercicio de su poder. Hemos dejado de ser República, no sólo por el cambio de nombre, sino porque, así como los reyes de antaño, el Estado es omnipotente, irresponsable e infalible.

Esteban

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