¿Impuestazo? Ni por si acaso.

Posted on 19/03/2016

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Los gringos dicen que hay dos cosas inevitables en la vida: la muerte y los impuestos. Pero como nosotros nos somos gringos, más bien somos bien latinos, mucho más de lo que queremos admitir, tenemos dudas respecto a esta afirmación. En ambos casos. Muchos nos creemos inmortales, lo cual explica por qué ciertas reglas básicas de supervivencia a los bolivianos nos valen un pepino – pasarse la luz roja o huirle al cinturón de seguridad, por ejemplo -, y bajo la misma lógica, solemos encontrar trucos muy prácticos para evitar, o al menos disminuir lo más posible, el pago de impuestos. Es más, justificamos nuestras evasiones y defraudaciones con la militante certidumbre de que ese dinero acabará en el bolsillo de los políticos y gobernantes antes que en un beneficio propio, sin darnos cuenta que al hacerlo, quien le está robando al erario público, y por tanto a todos, no es el político, sino el evasor. Sí, tú. Tú, el que compra facturas para no pagar el RC-IVA. Tú, el que hace dos documentos cuando vendes tu auto o tu terrenito, uno privado, con el precio real, y uno “oficial”, con un precio completamente falso y muy por debajo del real, para pagar menos en el IMT. Ah, pero claro, como es muy característico de la cultura latina, tú no estás en falta, porque las leyes son solo de cumplimiento obligatorio para todos los demás. ¿Alguien preguntaba qué hicimos para merecer los gobernantes que tenemos? Pues aquí está, al menos en gran parte, su respuesta. Estos gobernantes no son sino el reflejo, exacerbado, de esta cultura de relativismo moral.

Por alguna razón, hemos llegado también a pensar que los impuestos son una compra de servicios. Que quien más impuestos paga más servicios estatales debe recibir, cuando eso es exactamente lo opuesto al propósito de los impuestos: redistribuir la riqueza. Por esto, y la verdad creo que es universal, ya no solo propio de los latinos, a nadie le alegra pagarlos, y cualquier modificación sobre un sistema al que la gente se acostumbró, aún si tiene fallas, suele ser muy mal recibida. Mucho, mucho más cuando se tocan los intereses de grupos privilegiados o que encontraron la manera de mamar de la teta del sistema. Políticamente hablando, es probablemente el tema más riesgoso para la popularidad de cualquier autoridad electa, y por eso suelen hacerse estas modificaciones en el momento de menor riesgo electoral, esto es, a media gestión, cuando las próximas elecciones están todavía lejos.

Por eso también entiendo las reacciones furibundas de muchos ciudadanos frente a las recientes leyes municipales aprobadas en La Paz, destinadas a ajustar el valor catastral de los bienes inmuebles y la depreciación contable de los vehículos automotores, y la susceptibilidad creada de que esto en realidad significaría un “impuestazo”. Trataremos de analizar si esto es cierto, sin que suene demasiado a monografía de tributación municipal.

La medida afecta al Impuesto Municipal a las Transacciones (IMT) y al Impuesto a la Propiedad de Vehículos (IPV). No afecta al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por razones que se explican más adelante. El primero consiste en la alícuota de 3% sobre el valor de venta de un inmueble o vehículo, siempre que no sea una venta comercial (se considera comercial la primera venta tras la lotización del terreno, la construcción de la casa o departamento, o la importación del vehículo “0 km”); el segundo consiste en una alícuota variable según tablas de valor sobre el valor residual del vehículo; y el IPBI, no afectado, consiste en una alícuota variable según tablas de valor sobre el valor catastral del inmueble.

Estas recientes disposiciones establecen una actualización del valor catastral respecto al valor comercial de los inmuebles, promediado en 203% debido a un rezago de más de 20 años que ha generado una brecha muy grande; una reducción de la alícuota del IPBI en la misma proporción en la que subió el valor catastral, de manera que el impuesto liquidado sea igual al de la gestión anterior (por eso no afecta al IPBI); y un tiempo de depreciación contable del valor de los vehículos mucho mayor, de 5 a 10 años, contando desde la gestión presente, esto significa que no va a haber un aumento del IPV, pero que su reducción anual va a ser más lenta.

El tema está, entonces, en el IMT. Esta es la razón por la que muchos han pegado el grito al cielo, y la que el gobierno, del que el Alcalde de La Paz es opositor, ha intentado utilizar para azuzar a las masas crédulas, en abierta apología del delito e instigación pública a no pagar tributos. Por supuesto, una actualización de valores catastrales en 203% suena pues aterrador. Pero fíjense que la base imponible del IMT no es el valor catastral. Esta ha sido una práctica errada que se ha replicado por años, pero en ninguna parte de las leyes, vigentes desde hace 30 años, dice que el IMT se pague sobre el valor catastral. Si así fuera, la administración tributaria no pediría la minuta de transferencia para cobrar el impuesto, simplemente verificaría en sistema, ¿no creen? Subir o no subir el valor catastral, en términos estrictamente legales, no debería afectar al IMT, porque la base imponible es el valor de la venta. Tan simple como eso.

Ah, pero es que en Bolivia rara vez algo es simple. En realidad, es muy complicado, no por lo que diga la ley, sino por lo que no dice, o no decía. Y lo que no decía es que el valor catastral, si bien es diferente al comercial, pues este último se fija por la libre oferta y demanda, debe tener una relación con él, a través de un tercer precio, que es el valor “real” o, mejor dicho, el avalúo técnico. Mientras que el valor catastral se congeló por veinte años por una decisión puramente política, el valor real se incrementó en los mismos 20 años en 200% en promedio (en realidad, en las zonas marginales se mantuvo más o menos fijo, mientras que las que se iban densificando aumentaban su valor múltiples veces, llegando a casos extremos como la Av. Buenos Aires, la Av. Ballivián o la Av. Montenegro, muy densas y con mucha actividad comercial, cuyos valores reales hoy en día son muy superiores incluso a los del casco urbano central. Una casita en San Miguel construida sobre un terrenito modesto de 160 m2 hace 20 años valía unos 80 mil dólares, hoy un especulador puede pagar fácilmente $240.000 sólo por el terreno (la casita ni le interesa, igual la va a tumbar).

El problema de esto es que genera una escasez artificial de tierras (adicional a la escasez natural de tierras que sufre La Paz por su topografía), que mantiene exageradamente altos los precios e impide el acceso a las personas con menos recursos. Todos los esfuerzos (trabajo, capital y materiales) de la construcción, que también son limitados, se dedican a producir viviendas de lujo, como seguramente ya han notado, muy rentables pero accesibles solamente para un nicho muy pequeño, mientras la mayoría solamente puede soñar con la vivienda propia, aún con el crédito de vivienda social que promueve el gobierno. Esto obliga a los menos afortunados a buscar lotes en lugares no consolidados, sin urbanización, sin servicios, sin seguridad, y sin permiso, pues estos cuestan una fracción de lo que cuestan los terrenos consolidados. Así, el propio mercado inmobiliario expulsa a los pobres e incluso a las clases medias de las que viven de su sueldito, profundiza la desigualdad y segrega la población urbana en lugar de cohesionarla.

Por supuesto, a alguna gente esto le parece fabuloso. Este es un negocio muy rentable y que no necesita cualificaciones extraordinarias, y además refuerza preconceptos discriminadores que tenemos muy enraizados. Pero a un gobierno municipal que se dice de izquierda, esto le tiene que parecer inadmisible. Les ha tomado su tiempo, y la gestión municipal esperó al último momento políticamente adecuado para hacerlo, pero por fin el GAMLP ha tomado un paso, valiente y decidido, aunque todavía insuficiente, para corregir esta evidente falla del mercado. Ese, y no otro, debe ser el rol de un Estado: saber que los mercados no son perfectos, y actuar para compensar sus imperfecciones. Pero me estoy desviando del tema.

Con este ajuste, lo que el GAMLP hace simplemente es sincerar los valores de referencia, acercándolos a los precios de mercado, aunque a sabiendas que siempre existirá una brecha, lo cual es normal, e impidiendo con ello las desvergonzadas evasiones y defraudaciones que se cometían a título de pagar el IMT en función al valor catastral. Este es un paso fundamental para, sí, aunque escandalice a todos mis amigos liberales, neo o clásicos, bajar los precios de los inmuebles y hacerlos más accesibles, y recaudar algo más de fondos para poder dotar de servicios a quienes aún los carecen.

Claro, es insuficiente, decía, pues mientras no se corrija esa barbaridad que es la administración territorial paceña, donde más vale pedir perdón que pedir permiso, las falencias de mercado se paliarán un poco, pero no van a corregirse. Mientras no se cobren penalidades tributarias a los que hacen “engordar” terrenos para revenderlos a precio mucho mayor sin haber invertido un peso en valor agregado, apropiándose de lo que en urbanismo se llama “plusvalía”, es decir, la valorización del terreno por las obras que se construyen alrededor del terreno sin hacer ninguna inversión dentro de él, no nos vamos a deshacer de los especuladores que se enriquecen a costa de todos los demás. Y mientras los valores catastrales y los precios comerciales de las zonas más densas tengan brechas de 1000% o más, como las tienen ahora aún con la reforma, no nos vamos a salvar de la explosión de la burbuja inmobiliaria, que igual que en 1999 va a dejar en la ruina a más de un empresario constructor.

 Esteban

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