3D ¿Qué hacer?

Posted on 07/11/2017

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9c4A poco menos de un mes de la celebración de la elección de magistrados y consejeros de las máximas instancias del órgano judicial, hete aquí que nos hallamos como ciudadanos en una encrucijada complejísima. Ya de por sí la sola idea de la elección por voto popular para los más altos cargos del sistema judicial es una aberración constitucional de marca mayor, de la que incluso sus principales impulsores se arrepienten. Pero ahí está, el 2009 los bolivianos hemos decidido aprobar la actual Constitución, con todo y elecciones judiciales, así que toca nomás acatar.

Pero aquí es donde se viene la segunda complicación: el proceso de selección de candidatos ha sido, por decirlo suavemente, muy cuestionable. Las influencias políticas en el proceso han sido más que evidentes, así como ha sido evidente que las reglas del juego se han ido adaptando en el camino, ya sea por necesidad o por capricho, lo cual pone en seria duda la credibilidad del proceso. Eso, y las mañas y malas costumbres de nuestros queridos asambleístas, empezando por sus dos presidentes, pero también incluyendo a los diputados y senadores de ambos lados del pasillo. Con ello, hemos acabado hoy en un circo electoral donde ha tomado muchísima fuerza la convocatoria de la oposición partidaria a anular el voto. No anular el proceso por sus evidentes vicios procedimentales, sino pedirte a ti, ciudadano, anular tu voto.

Esta es la segunda vez que se convoca a votar nulo, buscando plebiscitar un proceso en el que el gobierno y el MAS, al menos en el papel, no son candidatos a nada. La primera vez, el 2011, caímos en la trampa ingenuamente –y me incluyo. Cerca de 60% de los votos expresados fueron inválidos, y el ausentismo fue relativamente alto considerando que el voto en Bolivia es obligatorio y las elecciones suelen convocar a una enorme mayoría de los electores. Sin embargo, a pesar de esta aparente derrota, acá no pasó absolutamente nada, los magistrados y consejeros de la magistratura fueron electos, algunos con un número ridículo de votos, el gobierno logró su propósito, y a las dos o tres semanas, salvo algunos grafitis, nadie se acordó más del tema. La supuesta deslegitimación del proceso le importó un reverendo pepino al gobierno, y, es más, al poco tiempo se fueron justificando algunas aberraciones cometidas por estos magistrados con la excusa de que fueron electos por el pueblo. Y todos tan campantes.

Aquí es donde entra la tercera complicación. Se atribuye a Einstein la definición de estupidez como el repetir las mismas acciones esperando diferentes resultados. Hete aquí que la oposición, y gran parte de la clase media en las redes sociales, llama a hacer lo mismo que el 2011, de alguna manera esperando que, esta vez sí, se deslegitime el proceso y por lo menos tengamos el placer de haber hecho quedar en ridículo al gobierno, olvidándose que, para que ello suceda, el gobierno tendría que tener algo de vergüenza, cosa que está claro que carece por completo (hay que tener una absoluta y definitiva falta de sangre en la cara para aducir, por ejemplo, que el prorroguismo es un derecho humano). Estoy plenamente consciente de que voy a ser crucificado vivo en las redes por decir esto, pero tengo que decirlo: Votar nulo (o de cualquier otro modo invalidar el voto propio) el próximo 3 de diciembre es total, completa e irremediablemente inútil.

Abro aquí un pequeño paréntesis adicional, aunque útil solamente para la disquisición filosófica, pues esto no tiene ninguna utilidad práctica. Lo ideal, en un mundo perfecto, hubiera sido la anulación del proceso, como ya dije líneas arriba. Dado que la oposición parlamentaria es incapaz (tanto por sus propias taras como por el hecho, admitámoslo, de que aún si se les hubiera ocurrido no lo hubieran podido hacer) de forzar esta anulación, alguien en las redes sugirió montar la resistencia civil mediante el ausentismo masivo en las urnas. Las implicaciones de una acción semejante no dejan de ser muy atractivas, sobre todo considerando el tamaño del boicot que ello provocaría de paso. Por tres meses, la actividad de la banca se vería reducida a una mínima expresión, y la demanda de trámites ante el estado se reduciría casi a cero. Esto hubiera forzado al gobierno a prestar atención a lo que sucedía e improvisar alguna cesión. Pero, de nuevo, esto es solo sueño, la capacidad de organización, movilización y consciencia ciudadana que esto requeriría para ser exitoso es simplemente demasiado abrumadora para imaginarse cualquier escenario creíble en el que esto fuera posible. Lindo hubiera sido, pero.

Dado que las opciones se nos cierran en las narices, y aquí es donde me lanzo a la boca del lobo, creo que solamente nos queda una alternativa: votar por los mejore candidatos y esperar lo mejor. Sí, yo sé que suena ingenuo, por no decir traidor, pero escúchenme, luego me dirán si tengo o no tengo razón.

El proceso de selección de candidatos tuvo muchísimos problemas, no hay duda, pero algo fue un poco diferente que el 2011: faltaron candidatos. Los mismos obsecuentes de siempre dudaron en presentarse, por las razones que fuere. Esto dio la oportunidad a algunos pocos precandidatos con antecedentes un poco menos nefastos a presentarse y lograr entrar a las listas. También, en el tiempo entre la primera elección judicial y ésta, se dio el muy peculiar caso de un magistrado que se negó públicamente a obedecer las órdenes del Órgano Ejecutivo. Ridiculizado al principio por su lectura de las sentencias en hojas de coca, tras su voto disidente en un asunto de interés del gobierno fue defenestrado de la manera más vil y cochina, lo cual hizo que gran parte del pueblo se solidarizara con él y lo convirtiera en bandera de resistencia contra las +ínfulas autoritarias del gobierno. El caso de Gualberto Cusi se convirtió, con ello, en un símbolo que el gobierno no tiene ningún interés en repetir, y se nota en el proceso de preselección de candidatos que se hicieron grandes esfuerzos por evitar postular a gente así de folklórica. Así, se han filtrado algunos nombres de gente que, al menos mirando la información publicada por la OEP (https://www.oep.org.bo/elecciones-judiciales-2017/) y dándose el trabajo de evaluar una por una las candidaturas, pareciera dar un pequeño destello de esperanza, al menos en un par de casos.

Me he dado yo ese trabajo (eso sí, analizando todas las candidaturas en circunscripción nacional para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, pero restringiéndome a sólo los candidatos por La Paz –que es donde yo voto- en los casos de circunscripción departamental como es el caso del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, así que no he analizado los 96 candidatos), para tratar de identificar qué candidatos tienen al menos un potencial para no ser total y absolutamente obsecuentes y tienen al menos la preparación formal, la experiencia, la reputación y las propuestas mínimas que uno esperaría. Dada mi experiencia reclutando recursos humanos, he hecho tablas comparativas de los candidatos como si los estuviera contratando yo para el cargo – lo cual no está tan lejos de la realidad – y aconsejo hacer lo propio a cada ciudadano consciente. Los criterios de selección los he ponderado por puntajes hasta un máximo de 100, distribuido en formación profesional (15 puntos), experiencia laboral (30 puntos, producción intelectual (15 puntos), coherencia de su propuesta escrita (30 puntos), y 10 puntos para la “entrevista”, que a falta de ésta tomé los videos cortitos que se hicieron con cada candidato y que están también en la página web del OEP. Adicionalmente, quedaban automáticamente descalificados los candidatos que hayan ocupado un puesto de hasta tercer nivel jerárquico en el gobierno central en los últimos 10 años, pues prefiero presumir que hay conflictos de interés severos en esos casos, por más que el candidato tenga tres post-doctorados y 45 años de experiencia.

Con esas tablas comparativas, debo decir de entrada que muchos candidatos quedan en carrera ya sea por esta descalificación (6 casos de los 32 casos analizados, 19%, que es altísimo), pero también por no sumar un mínimo de 50 puntos de los 100 disponibles ( (mucho más grave, en este caso están 21 de los 32 candidatos analizados, esto es, casi 66%). Tan grave es esto, que ninguno de los cuatro candidatos por La Paz para el Tribunal Supremo de Justicia da la talla mínima, quedando para mí desierta esa candidatura.

Con esta evaluación, estos son los candidatos por los que yo voy a votar, con la plena consciencia de que ya no hay nada más que perder, total igual van a poner a sus magistrados, así que al menos trataré de influenciar en algo para que sean los menos peores (por los puntajes obtenidos por estos candidatos en mi tabla, van a entender por qué hablo de “menos peores” y no de “mejores”).

Tribunal Agroambiental: Hugo Alberto Miranda, con 54,3 puntos

Consejo de la Magistratura: Noel Antonio Carlos Humbolt Kovacev, con 63,3 puntos

Tribunal Supremo de Justicia: Desierto, nadie superó los 50 puntos. El mayor puntaje lo sacó José César Villarroel Bustios, con 39 puntos.

Tribunal Constitucional Plurinacional: Iván Manolo Lima Magne, con 62 puntos.

Acá es necesaria una aclaración. De los 96 candidatos, Iván Lima es al único que conozco en persona. Acá podría jugar alguna subjetividad. Sin embargo, los números me salen así, Iván con 62 puntos, seguido de lejos por Boris Wilson Arias López, con 51 puntos. Creo por lo demás que Iván es un buen candidato, e hizo un trabajo decente como magistrado de la Suprema.

Recomiendo, no tanto votar por los mismos que yo, cada quién verá, sino hacer este mismo ejercicio ustedes. Toma un par de días de trabajo, es cierto, pero creo que se lo debemos al país. Total, peor no nos puede ir con la justicia. Por lo menos trataremos de apostarle a que puede mejorar, a ver si eso genera también un poco de presión sobre los futuros magistrados para que se esfuercen un poquito más.

Esteban

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